La Municipalidad de Piura entregó la buena pro de la reconstrucción de un centro educativo a un consorcio que tiene como integrantes a dos empresas sancionadas por el Tribunal del Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE).
Se trata de la obra de rehabilitación de la institución educativa del nivel inicial N° 225 del sector Los Titanes, que se adjudicó al Consorcio Norte por un monto de 658 mil 750 soles el pasado 14 de agosto.
Sin embargo, una de las empresas sancionadas e integrante del consorcio ganador es Lemfa Ingenieros S.R.L, representado por Ana Gómez Gallo, Sara Gómez Gallo y David Alama Abad, que en 2015 fue sancionada con 36 meses de inhabilitación por la presentación de documentos falsos en un proceso de contratación con la Municipalidad de La Huaca.
Así lo acredita la resolución N° 1297-2015-TCE-S2 de mayo del 2015 en la cual se detalla que la empresa Lemfa presentó a un profesional como ingeniero residente para la obra, pero luego el aludido ingeniero descartó que haya prestado su currículo para este proceso.
En ese sentido, el Tribunal de Contrataciones consideró que se había quebrantado el principio de veracidad del proceso de contratación y por ello se le impuso tres años de inhabilitación para contratar con el Estado.
Otra de las empresas del consorcio ganador de la buena pro del colegio es Constructora Megga del Perú E.I.R.L, que tiene como representantes a Aldo Enrique y Jan Enrique Mellado Medina.
En su caso, el Tribunal de Contrataciones del OSCE les impuso una penalidad de 4 mil 404 soles por el retraso de 93 días en la ejecución del servicio de instalación y equipamiento de una cisterna de 20 metros cúbicos en el condominio Las Palmeras del distrito de Los Órganos.
La sanción se aplicó en enero del 2019 y, según la normativa de OSCE, no es un impedimento para contratar con el Estado.
Más irregularidades
La rehabilitación del colegio de Los Titanes forma parte del paquete de seis colegios y tres obras de saneamiento por 29 millones de soles, que recibió la municipalidad por encargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
La transferencia se hizo en febrero, pero la pandemia frustró el proceso de selección. Con el reinicio de las actividades y el levantamiento de la cuarentena, se retomaron los procesos de contratación.
Otros colegios del paquete son los ubicados en la urbanización Ignacio Merino, Los Algarrobos, César Vallejo y Parcemón Saldarriaga.
Pero los antecedentes de las empresas no es el único cuestionamiento. Uno de los postores eliminados, anunció que interpondrá recursos de impugnación y hasta que acudiría a la vía penal por lo sucedido.
Se trata del empresario Juan Carlos Ruiz Valencia, representante de Servicios y Construcciones El Mantaro S.A.C, quien denuncia que su propuesta no fue admitida por que presuntamente no presentó un formato de acuerdo a las bases de la licitación.
El empresario sostiene que el consorcio ganador presenta un formato de precios unitarios, vale decir, con una proyección del gasto por cada componente del proyecto, a pesar que el proceso se convocó bajo otra modalidad de suma alzada.
En ese sentido, Ruiz Valencia pidió la intervención del alcalde para subsanar los errores y retrotraer el proceso a la etapa de evaluación de propuestas.
Fuente: Correo
