Tras conocer el caso de un niño de tres años de edad, de nacionalidad venezolana, que fue violentado física y psicológicamente, la oficina defensorial acudió al Hospital Santa Rosa para verificar la atención que venía recibiendo. “Los médicos confirmaron el diagnóstico de politraumatismo, celulitis periorbicular, quemaduras y además se debía descartar traumatismo periorbicular y desviación en el tabique, por ello coordinamos su ingreso inmediato al hospital”, manifestó César Orrego, representante de la Defensoría del Pueblo en la región.
Asimismo, la oficina defensorial gestionó la afiliación del niño al Seguro Integral de Salud (SIS), a fin de garantizar el acceso a la salud.
Por otro lado, se constató que el caso estaba siendo atendido por el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables quienes informaron que iniciaron el procedimiento por desprotección familiar, al determinar que, actualmente, se encontraría en tal situación. En tanto, no se ha identificado a ningún otro familiar en el país, será acogido en un Centro de Atención Residencial de la región.
En esa línea, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura invocó a las autoridades del sistema de protección a garantizar la salud, la integridad y la vida del niño, así como también se procese a los responsables por vulnerar los derechos del niño a su integridad física y psicológica.
LEER MÁS >> Fiscalía pedirá prisión preventiva para venezolano acusado de golpear a su hijastro de 4 años
Cuidado con las fotos
Por otro lado, la institución expresó su preocupación por la reiterada difusión de imágenes en redes sociales donde se expone al niño. Al respecto, el artículo 6.4 del Código de los Niños y Adolescentes establece que cuando algún menor de edad se encuentre involucrado como víctima de una infracción, falta o delito, no se publicará su identidad ni su imagen a través de los medios de comunicación, lo que incluye las redes sociales.
En ese sentido, se exhorta a las autoridades competentes de atender y proteger a la niñez y adolescencia a guardar la reserva de la imagen de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y evitar su difusión, en estricto respeto de su interés superior, privacidad e integridad, a fin de garantizar que no sean revictimizados ni estigmatizados por la sociedad.
Finalmente, la institución recordó a las autoridades sanitarias y de justicia su obligación de brindar la máxima protección de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, más aún durante el estado de emergencia a causa del COVID-19.
Congreso rechaza la admisión de la moción de censura contra Manuel Merino
