Ernesto Rebaza, relator de la Corte Superior de Justicia de Piura, afirmó que el Consejo Regional vulnera los derechos de las personas al negarse a aprobar el Plan Regional de Igualdad de Género (PRIG) porque incluye dentro de la población vulnerable a las personas LGTBQ+.
Dicha política pública, elaborada por Cutivalú e impulsada por el Consejo Regional de Igualdad de Género (Corig), busca conocer la situación de las brechas de género en la región para que el Estado y la Sociedad Civil trabajen estrategias para su reducción.
“Si no aprueban el Prig, el Consejo vulnera los derechos sexuales, reproductivos, educativos y hasta el acceso a la justicia para niños, niñas, adolescentes y más población vulnerable”, mencionó en entrevista para Cutivalú.
Asimismo, el abogado recordó la vital importancia de que el Consejo Regional cumpla sus funciones, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya sancionó al Estado peruano en una oportunidad por vulnerar los derechos de una persona LGTBQ+. Agregó que esta política pública se enmarca en los derechos humanos de cada persona.
Por su parte, Carmen Ramos, especialista de Atención y Protección del Programa Nacional Aurora en Piura, aseguró que el Consejo Regional caería en un acto de discriminación al no aprobar el Prig. “Se está violando el derecho a la vida, que no implica solo la salud física, sino también mental. Es un hecho de discriminación”, sentenció Ramos.
En tanto, para Liz Murillo, coordinadora de la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público de Sullana, cada persona tiene derecho a vivir con dignidad, respeto y consideración.
Cabe señalar que el Consejo Regional de Piura tiene entre sus funciones aprobar políticas públicas que garanticen los derechos de las personas. Asimismo, Cutivalú elaboró esta propuesta en el 2022 y cuenta con el respaldo de los operadores de justicia.
