Piura: cerca de 100 funcionarios no cumplen con perfil técnico en los cargos designados

Tras operativo “Designación de funcionarios en cargos de confianza en los gobiernos regionales y locales” realizado por la Contraloría

(Foto: Contraloría)

Es la conclusión del Operativo “Designación de funcionarios en cargos de confianza en los gobiernos regionales y locales”, realizado del 22 al 26 de abril del 2019.

En Piura se intervinieron 11 instituciones públicas: el gobierno regional, ocho municipalidades provinciales y dos distritales (Castilla y Tambogrande).

En el informe se detalla que 22 funcionarios públicos no acreditan su formación académica, es decir no cuentan con título profesional, 60 no tienen experiencia en la especialidad y 50 no han recibido capacitación especializada.

Además, se advierte que en cinco entidades se ha excedido el 5% establecido como límite para determinar los cargos de confianza y cuatro han designado funcionarios en plazas no previstas en el CAP (Cuadro de Asignación de Personal).

En tanto, en dos municipalidades provinciales se detectó que se han designado a funcionarios que fueron sancionados por la Contraloría:  Edward Guaylupo Rosas (Piura) y Robert Puchulan Reyes (Paita).

«Esta situación debilita el servicio meritocrático, al no asegurar el acceso de funcionarios idóneos para el puesto que garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales y la profesionalización de la función pública orientada a generar valor público en beneficio del ciudadano», sostiene el órgano de control en su informe.

Cabe destacar que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) ha comunicado a la Contraloría General (Oficio N° 127-2019-SERVIR/PE) que “no resulta válida la contratación, designación o encargatura en un puesto (incluido los de confianza) de quien no cuente con el perfil establecido, debido a que ello implicaría una contravención a los documentos de gestión que regulan los perfiles de puestos de la entidad y a las normas de acceso al empleo público”.

Foto referencial

SITUACIONES ADVERSAS

Durante el operativo, realizado a nivel nacional en 289 entidades públicas, se identificaron seis situaciones adversas que fueron comunicadas oportunamente a los titulares de los gobiernos regionales y locales a fin de que adopten las medidas preventivas y correctivas pertinentes.

Durante y después del operativo, un total de 318 funcionarios designados en cargos de confianza en 90 entidades públicas fueron cesados o renunciaron a su cargo, después de haberse comunicado a las titulares de las entidades los casos específicos de incumplimiento o faltas (al2 13 de junio del 2019).

RECOMENDACIONES

La Contraloría General formuló siete recomendaciones orientadas a contribuir a la mejora de la capacidad y eficiencia de las entidades municipales e impulsar la modernización de la gestión pública. Entre ellas, destaca:

  • Al Congreso: Proponer normas que mejoren la regulación de las políticas de incorporación del personal de confianza en las entidades del Estado.
  • Al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): Propiciar estrategias para incentivar a los gobiernos regionales y locales para que se adecuen a las normas emitidas por Servir, principalmente en materia de incorporación del personal en cargos de confianza. Además, impulsar acciones que conlleven a un necesario apoyo de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, encargado de administrar el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos.
  • Al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE): Generar acciones de supervisión y monitoreo para que los funcionarios responsables del órgano encargado de las contrataciones estén debidamente certificados.
  • A la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR): Impulsar la incorporación de las entidades locales y regionales al régimen Servir, considerando las posibilidades técnicas y legales, las limitaciones presupuestales y condiciones del mercado laboral en los distritos alejados del país; con la finalidad de captar a los profesionales mejor capacitados y el apoyo y fiscalización posterior a los gobiernos regionales y locales para verificar el cumplimiento de las políticas y normas del sistema del servicio civil.