La persona es un fin en sí mismo, cuyo valor radicado en su dignidad es el sustento material de todo Estado constitucional y democrático. Nunca la persona puede ser instrumentalizada o tratada como si fuese un objeto.
La sociedad y el Estado en justicia le deben a las personas sus bienes humanos esenciales, como la vida, integridad física, psicológica y sexual, libertad, salud, educación, entre otros. Es la persona el centro de todo orden jurídico.
La Constitución ha reconocido a la Defensoría del Pueblo como aquella institución encargada de velar por los derechos fundamentales de la persona, especialmente de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Para la Defensoría del Pueblo es muy importante trabajar en la prevención de la violencia, es por ello, que se han realizado una serie de actividades como la Audiencia Defensorial Descentralizada “Basta de Violencia contra niñas y mujeres: Justicia sin indiferencia”, organizada en noviembre del año pasado, sumado a las actividades de supervisión que hemos realizado a los operadores de justicia como el Centro de Emergencia Mujer, Policía Nacional del Perú, Corte Superior de Justicia de Piura y Sullana, Ministerio Público de Piura y Sullana, gobiernos provinciales y distritales, Gobierno Regional, producto de ello se tramitaron 187 quejas de oficio.
Este año hemos desarrollado el Debate Defensorial Escolar, en donde los adolescentes exigieron la necesidad de difundir los protocolos de convivencia escolar para su adecuada implementación en todos los colegios de la región, a fin de disminuir los índices de violencia dentro de las escuelas que, en Piura, asciende a más de 2 mil casos en los últimos seis años de acuerdo al portal SíseVe.
En este contexto, es importante recoger las propuestas y opiniones de los estudiantes respecto a la prevención y atención de los casos de violencia en el ámbito escolar.
Asimismo, es imperativo avanzar en la ejecución de las normas que previenen, sancionan y erradican la violencia, teniendo en cuenta que la Ley Nº 30364 precisa el rol preventivo que deben cumplir los gobiernos regionales y locales, mientras que las leyes Nº 30314 y 27942 establecen, también, obligaciones claras para los casos de acoso callejero y hostigamiento sexual laboral que, de ser cumplidas, serían de gran ayuda para prevenir el aumento de casos de violencia contra las mujeres en nuestra región.
Por otro lado, es necesario conseguir la articulación de las entidades públicas involucradas directa e indirectamente con la prevención y atención integral de la violencia; mejorar las capacidades de los operadores del sistema de justicia, acompañada de procesos de supervisión y monitoreo permanente que garanticen un adecuado servicio a las víctimas y de manera diferenciada según la edad, sexo, discapacidad e interculturalidad.
Además, la asignación presupuestal que respalde las políticas de prevención y protección aprobadas a nivel nacional, regional y local.
Cabe precisar, que a la fecha en la región Piura no contamos con Centros de Acogida Residencial para niñas, niños y adolescentes en situación de abandono producto del delito de trata de personas; tampoco tenemos Hogares Refugio para víctimas mujeres adultas, también por este mismo delito, a fin de brindarles la protección y atención integral que requieren.
El problema de la violencia contra las mujeres no ha disminuido: de enero a setiembre de 2019, se han denunciado 133 123 casos de diversos tipos de violencia, a nivel nacional y en Piura, se han registrado 5046 casos, de acuerdo a lo reportado por el Centro de Emergencia Mujer, siendo nuestra región la séptima provincia con el mayor número de casos de personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
Desde la Defensoría del Pueblo convocamos a todos los ciudadanos a construir una sociedad libre de violencia y a las instituciones públicas reforzar acciones de prevención y articular aquellas facultades de reacción en favor de las víctimas de violencia en Piura.
Cualquier autoridad que conozca de un hecho de violencia contra las mujeres, niños y niñas, está obligada a denunciar y a desterrar todo vestigio de acción contra los derechos humanos de todas las personas.
Gracias.
César Orrego – Defensor del Pueblo de Piura.
