La Contraloría General de la República detectó que 370 funcionarios y servidores públicos de la región Piura recibieron la canasta de víveres que estaba destinada a la población de extrema pobreza por la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus.
Según el informe de la Contraloría de la República, de este grupo, unos 40 funcionarios tienen un ingreso mensual entre S/ 3,000 y S/ 5,000, por lo que sería innecesario que reciban la canasta.
También existe un grupo de 10 funcionarios que pese a ganar entre y S/ 5,000 y S/ 10,000 al mes, se hicieron acreedores a una canasta de víveres.
Estos funcionarios, según el informe de Contraloría, laboran en las UGEL de Morropón y Paita, en el sector Educación del Alto Piura, en la Dirección de Educación (2), en la Sub región Luciano Castillo Colona y Sub región Morropón – Chulucanas.
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La lista de nombres se maneja con reserva porque serán derivados a la Fiscalía. Sin embargo, la Contraloría determinó que algunos funcionarios provienen de las UGEL Huancabamba, Paita, Morropón, entre otras.
De otro lado, la repartición de las canastas de víveres por la emergencia no solo provocó casos de corrupción, sino que se habría puesto en riesgo la salud de la población. De acuerdo a la Contraloría, el 54% de las 65 municipalidades de la región han presentado problemas con el almacenamiento de los alimentos.
Esto debido a que los almacenes improvisados no reunían las condiciones sanitarias o los alimentos estaban expuestos en el piso. Otra falta fue la omisión de registro de documentación de las compras en el portal del Seace.
Fuente: Correo
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