El consejero Óscar Echegaray cuestionó que la actual gestión del gobierno regional haya dejado prescribir 15 procesos administrativos a ex funcionarios, iniciados en gobiernos anteriores, pese a existir indicios de irregularidades en diversas obras.
Echegaray indicó que los responsables de estos hechos son la gerencia general, la secretaría técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, el área de recursos humanos y todo el staff de abogados, que ganan entre 6 mil y 10 mil soles.
El consejero recordó que en setiembre del 2015, cuando era presidente de la Comisión de Fiscalización, advirtió a través de Cutivalú que estarían en peligro de prescribir 40 casos. En 2016 prescribieron 13 casos, más los 15 de ahora, sumarían casi son casi 30 los casos que han prescrito.
“Esto se traduce en impunidad total. Se contratan diez abogados para que investiguen y no hacen nada. El gobierno pierde dinero, las obras están paralizadas y no hay responsables”, aseveró el consejero por Morropón.
Echegaray explicó, por ejemplo, que en el caso de la construcción del puente San Miguel, hubo cinco irregularidades, como la contratación de especialistas para revisar el expediente técnico, en donde se pagó 47 mil soles, pero no se ejecutó el servicio. Además, detalló que en este caso existe una pericia grafotécnica que revela que las firmas de quienes prestaron el servicio, no corresponden a las originales. El consejero sostiene que esta es una acción grave que merece destitución, aparte de la denuncia penal; sin embargo, no hay nada al respecto.
Asimismo, recordó que en este caso se sobrevaloró el expediente técnico, ocasionando un perjuicio económico al gobierno regional por más de cuatro millones de soles, además de pagarse partidas que no se ejecutaron y favorecieron al contratista.
El consejero dijo que el Órgano de Control Interno no puede hacer más porque ya se agotó la vía administrativa. Sin embargo, informó que remitirá toda esta documentación a Procuraduría Pública para que investigue a las áreas y funcionarios que no actuaron: “Es necesario que se evalúe caso por caso para saber cuántas personas están involucradas y cuánto es el perjuicio económico para que la procuraduría realice las denuncias penales correspondientes”, resaltó Óscar Echegaray.
