La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) pide la destitución de presidente de la Corte de Justicia de Piura, Hernán Ruíz Arias y seis magistrados más por supuesta inaplicabilidad de una norma legal.
Hernán Ruíz Arias dijo que es un pedido irracional, desproporcional y desmedido porque ni siquiera se trata de un acto de corrupción sino por discrepancias en la aplicación de leyes.
Aseguró que por lo pronto ya quejó al funcionario, y no descarta que existan motivaciones extrañas y otros intereses para “bajarles la llanta” en su lucha contra la corrupción.
Ruíz Arias explicó que de acuerdo a la opinión de Walter Chipana Guillén, investigador de primera instancia de la OCMA, en ocho resoluciones no se aplicó el artículo 45 A del código penal, el cual dispone el sistema de tercios que se debe tomar en cuenta para imponer una sentencia.
Es decir, una vez que se encuentre responsable al denunciado, el juez tiene que dividir la pena en tres marcos que va desde la sanción máxima hasta la mínima, y de acuerdo a lo evaluado establecer sentencia.
Sin embargo, el abogado y asesor de este grupo de magistrados, David Panta, detalló que cuando se trata de delitos en grado de tentativa, de acuerdo el código, no se aplica el sistema de tercios, pero sí para delitos consumados.
David Panta comentó que para los magistrados la tentativa no es una circunstancia atenuante privilegiada, sino una disminución de la punibilidad (responsabilidad por el hecho) porque una cosa es matar y la otra haber querido matar y no haberlo conseguido.
“Aquí el sistema de tercios no aplica y los magistrados ven la pena mínima y trabajan desde ese criterio, entonces si se está dentro de un abanico de posibilidades y los jueces optan por un criterio doctrinal justo, ¿dónde está la ilegalidad?. Aquí se vulnera el principio de discrecionalidad y sana justicia de todos los magistrados”, enfatizó Panta.
Por su parte, la jefa de la Oficina Desconcentrada de Control y Calidad de la Magistratura (ODECMA), Elvira Rentería Agurto, también implicada en este caso, recordó que estas supuestas falencias fueron encontradas, luego que Walter Chipana revisara las sentencias que emitieron los últimos cuatros años.
Indicó que a fines del 2015, cuando se desactivó la banda criminal del “Comandante Mela” y se hablaba de presuntas conexiones con un magistrado, Daniel Meza Hurtado, a través de audios, la OCMA llegó y revisó cerca de 33 expedientes.
“No nos oponemos a que los órganos de control investiguen las irregularidades o conductas de corrupción, pero no pueden emitir pronunciamientos subjetivos y con poca experiencia, y lo único que hacen es afectar el prestigio profesional”, sostuvo Rentería Agurto.
Ante este punto, el presidente de la Corte de Justicia, Hernán Ruíz consideró que Walter Chipana fue más allá de sus facultades, pues su competencia era investigar los audios.
“Esa era su facultad, pero este señor, influenciado por cuestiones extrañas se mete a la sala, busca las sentencias del 2013 al 2015 y se lleva 32 sentencias, que no tienen nada que ver con los audios”, sostuvo.
Los demás magistrados a quienes solicitan su destitución son Daniel Meza Hurtado, Francisco Fernández Reforme, Asdruval Méndez Castañeda y Rolando Sicha Navarro.
