El Poder Judicial ha programado una audiencia de prisión preventiva, suspensión de derechos y comparecencia con restricción contra el alcalde y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, por el caso de la compra de los productos para la canasta básica familiar destinada para la población vulnerable durante el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19.
Como se recuerda, meses atrás la procuraduría pública denunció presuntas irregularidades en el proceso de la compra de los productos, que llevó a que el caso sea tomado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, siendo esta quien formalizó y ha pedido la continuidad de dicho proceso de investigación, por lo que el próximo 16 de diciembre del 2020, el Poder Judicial realizará la audiencia, donde la Fiscalía solicitará 18 meses de prisión preventiva por ser un caso complejo. La investigación la tiene el fiscal Ricardo Ipenza Peralta.
En esta investigación se involucra al alcalde Darwin García Marchena, Wilfredo Rodríguez Sandoval (gerente municipal), Elver Renato Benites Medina (subgerente de Logística); Deivys Joel Pérez Chuquihuanca (gerente de Asesoría Jurídica); Manuel Rivera Villegas (jefe del área de Defensa Civil y Gestión de Desastres); José Luis Silva Quevedo; y Gabriel Hidalgo Castro en calidad de autores; así como contra Edgar Ernesto Guevara Arévalo (proveedor) en calidad de cómplice primario y contra Jaime Alva Abad en calidad de cómplice secundario, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en agravio del Estado.
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Posted by Cutivalú Piura on Friday, December 4, 2020
La prisión preventiva solicitada se debe a que la autoridad edil y los funcionarios de confianza habrían realizado acciones destinadas a ocultar las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de adquisición de los productos durante la cuarentena por el coronavirus.
Cabe señalar que, a través de unos audios, se evidenció cómo el alcalde y sus funcionarios coordinaban para “tapar”, las presuntas irregularidades. Incluso, se habría utilizado a un “inversionista”, quien prestó el dinero para comprar los productos en mención.
Anteriormente, los involucrados ya fueron citados por la Fiscalía para que declaren sobre este caso, lo que habría generado la formalización de la investigación, solicitando prisión preventiva para el burgomaestre y los trabajadores de esta comuna.
Al respecto, el gerente municipal, Wilfredo Rodríguez, informó que a la fecha no ha sido notificado sobre la audiencia, en tanto solicitará información a su abogado, ya que hasta el momento ha cumplido con declarar frente a esta investigación. Descarta responsabilidad en esta investigación.
“No tengo conocimiento de esto, voy a preguntarle a mi abogado, recién me entero, pero voy asistir como lo he venido haciendo”, dijo escuetamente y sorprendido Rodríguez Sandoval.
Asimismo, la Contraloría de la República en su informe N°4698-2020-CG/GRPI-SCC detectó presuntas irregularidades como la no aprobación por parte del Concejo para la contratación directa, además que no se publicó la información como lo establece la normativa para la transparencia de este proceso.
Algunos regidores solicitaron a la autoridad edil y sus funcionarios dar un paso al costado por estos hechos.
Finalmente, intentamos comunicarnos con el alcalde, pero no nos respondió. Según su jefe de Imagen se encontraba en reuniones, por lo que no pudimos conversar con él.
Fuente: Correo Piura
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