La falta de promulgación por parte del Poder Ejecutivo de la ley que prohíbe el matrimonio infantil en Perú ha generado preocupación a nivel nacional e internacional. Organismos globales han ejercido presión sobre la presidenta Dina Boluarte para que cumpla con la puesta en vigencia de esta norma crucial que busca resguardar a miles de niñas y adolescentes.
Las cifras reveladas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) son alarmantes: más de 4.357 uniones forzadas de menores de 18 años entre 2012 y 2022, con más de 400 casos que involucran a menores de 16 años. Estos datos confirman la persistencia de una problemática social grave y continua: el matrimonio infantil.
La responsabilidad ahora recae en la administración Boluarte, no solo para ratificar la ley, sino también para asegurar su efectiva implementación y seguimiento.
Esto no solo garantizará un futuro sin matrimonios infantiles en Perú, sino que también establecerá un marco de derechos que proteja la integridad y el desarrollo pleno de los menores en la sociedad peruana.
Emergencia
La urgencia de esta acción es imperativa para salvaguardar los derechos y el bienestar de los niños y adolescentes en el país, marcando un hito crucial en la protección de los más vulnerables en la sociedad peruana.
El Congreso de la República trasladó al Poder Ejecutivo el proyecto de Ley N° 3194/2022 para prohibir el matrimonio infantil el pasado 13 de noviembre. A solo siete días del vencimiento del plazo para su publicación, el gobierno peruano aún no ha concretado esta acción crucial.
De no oficializarse la legislación, esta norma no podrá entrar en vigencia, dejando en pausa una medida esencial para la defensa de los derechos de niños y adolescentes en el país.
El estudio «Las adolescentes peruanas en matrimonio o unión. Tradiciones, desafíos y recomendaciones» realizado por Plan International y UNFPA en 2019, reveló que el 28% de las mujeres entre 15 y 49 años en Perú iniciaron su convivencia en situaciones de matrimonio o unión siendo menores de edad.
Estas cifras subrayan la urgencia de aplicar medidas legales sólidas para erradicar esta práctica y proteger a la juventud vulnerable del país.
Por: Diana Sandoval
Alcalde de Piura critica plan de emergencia en Sullana y pide cambio de general de la PNP
