Mientras la atención está centrada en el presidente Pedro Castillo y el pedido de vacancia, el Congreso sigue aprobando varios dictámenes cuyos beneficiados son los mismos congresistas y sus allegados. En lo que va de este mandato, mucho de lo que se cocina en la Comisión de Constitución y Reglamento termina siendo un menú indigesto para las instituciones políticas. Los proyectos aprobados son, por lo demás, textos cuyos contenidos son propios de la contrarreforma política.
No solo se ha aprobado la ampliación del plazo de la entrega de los padrones de afiliados -cuya fecha límite fue a fines de enero-, sino que, si se convierte en ley, pone en riesgo la propia realización de las elecciones al hacer estallar el cronograma electoral. Pero, además, se ha dejado sin efecto la aplicación de la norma que señalaba que, para mantener la inscripción legal de un movimiento regional, este debe obligatoriamente participar en la elección regional, participar en la elección municipal de por lo menos dos tercios de las provincias y de, por lo menos, dos tercios de los distritos de la circunscripción regional en la que participa. Es decir, en adelante, un movimiento regional podría tan solo inscribir candidatos en un solo distrito y mantendría la inscripción legal.
El problema con estas modificaciones es que se alarga la vida de organizaciones que han sido el cimiento de la informalidad en la política de los últimos años. El Perú es uno de los países que posee partidos con las raíces más débiles en la sociedad, con los menores niveles de legitimidad y de organización y con los niveles más bajos de institucionalización de América Latina, junto a Ecuador y Guatemala. Muchos de los partidos y movimientos regionales no tienen mayor consistencia y han mantenido su registro vigente a pesar de no contar con apoyo electoral, subsistiendo mediante diversos mecanismos, principalmente mimetizándose a través de alianzas electorales o sacando provecho de barreras electorales muy bajas. Contar con muchos partidos y movimientos regionales, pero sin mayor representatividad, hace que muchos de ellos funcionen como “franquicias electorales”, que generan dinámicas como la personalización de la política, la pérdida de identidades ideológicas y programáticas, y la mercantilización de la posibilidad de participar en procesos electorales. Asimismo, esta dinámica hace al sistema político particularmente vulnerable a su captura o penetración por parte de diversas mafias y actores vinculados a actividades ilícitas.
Es por eso que, de las pocas propuestas aprobadas de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política –grupo de trabajo que presidí-, eran vitales aquellas referidas a la pérdida de la inscripción de un partido y un movimiento regional. El objetivo, junto con otras normas -que lamentablemente no se aprobaron-, era tener menos organizaciones políticas y que las que se mantengan sean más estables, fuertes y representativas, dentro de una dinámica pluralista y moderada.
De cara a las próximas elecciones regionales y municipales están inscritos once partidos políticos y 179 movimientos regionales en todo el país. De ese total, apenas 15 han ganado alguna gubernatura regional, 54 han ganado alguna alcaldía provincial, y 93 alguna alcaldía distrital. Hay 76 organizaciones políticas regionales que no han ganado ninguno de los cargos descritos. Así pues, es bastante claro que existe un número excesivo de organizaciones políticas que son básicamente cascarones que, en el ámbito regional, desarrollan dinámicas informales, mercantilizan la política y son surtidores de políticos aventureros que ahora se mantendrán con vida, gracias a lo aprobado por el Legislativo. El Parlamento propicia así la informalidad de la política y la formalidad de la contrarreforma.
Este artículo fue publicado originalmente en el blog Polítika
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