A través de un comunicado, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), condenaron las declaraciones de Keiko Fujimori en contra de organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos e instituciones del sistema de justicia.
TE PUEDE INTERESAR >>> Vizcarra iniciará diálogo con nuevas bancadas este lunes
La hija del dictador Alberto Fujimori, publicó en sus redes sociales un video donde aseguró que detrás de su prisión preventiva estarían “ONG’s que chantajean y manipulan al Poder Judicial, ciertos miembros del Ministerio Público que promueven la judicialización de la política, algunos medios y periodistas que viven de la persecución, y un gobierno que quiere seguir concentrando todo el poder para evitar a toda costa su fiscalización”.
Este video fue publicado a escasos minutos de ser sentenciada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Perú a 15 meses de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos.
Los organismos internacionales sostienen que estos señalamientos forman parte de campañas de larga data en contra de organizaciones de sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos en el Perú, y de descalificación de la labor de jueces y fiscales que investigan, persiguen y juzgan casos graves de corrupción en el país, que se suman a los ataques a su independencia, según señala el pronunciamiento.
Agregan que estas declaraciones serían contra el Instituto de Defensa Legal (IDL) debido al trabajo que resultó en la condena de Alberto Fujimori por graves violaciones a los derechos humanos en el 2009, al igual que por el trabajo de investigación periodística desarrollado por IDL Reporteros y otros periodistas para investigar actos de corrupción de la excandidata.
En el documento se recuerda que, en el 2019, IDL Reporteros fue objeto de múltiples agresiones físicas y verbales tras denunciar las redes de corrupción que operaban al interior del extinto Consejo Nacional de la Magistratura y de los órganos más altos del sistema de justicia peruano.
En esos momentos, el Congreso peruano, de mayoría fujimorista, requirió a periodistas de investigación que revelaran sus fuentes, mientras que dependencias de las Fiscalía promovieron acciones legales para incautar y acceder a documentación y material periodístico.
Asimismo, jueces y fiscales especializados, principalmente los que integran el Equipo Especial Lava Jato, han sido objetos de presiones diversas, en razón de su labor de investigación de la ex candidata Fujimori y su entorno cercano, se lee en el comunicado.
Los organismos internacionales mencionados sostienen que las declaraciones de Keiko Fujimori “pueden animar y promover nuevos ataques y amenazas contra organizaciones, defensores y operadores de justicia”.
Finalmente, exhortan a las autoridades peruanas a “mantenerse atentas a posibles amenazas que surjan, a modo de garantizar la seguridad e independencia en el desempeño de su labor”.
