Escribe: Angel Paez (Diario La República)
Responsabilizar a los periodistas por el suicidio de un político investigado por presuntos actos de corrupción, suele ser la reacción de los enemigos de la verdad y de los amigos del imputado. Al terminar con su existencia por propia mano, Alan García no cometió un acto que contribuirá a esclarecer por qué dos hombres de su extrema confianza, Luis Nava y Miguel Atala, recibieron juntos más de 5.3 millones de dólares de los fondos que Odebrecht destinaba al pago de sobornos a funcionarios gubernamentales a cambio de la adjudicación de millonarias obras públicas. La información la entregó la constructora brasileña a la justicia peruana como parte de su compromiso de colaboración, no fue un invento periodístico.
Como tampoco fue una fabricación que la policía brasileña encontrase en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht las iniciales “AG”. García desmintió varias veces a la prensa, hasta que el propio Odebrecht confirmó que “AG” era Alan García. Desde entonces la furia del exjefe de Estado hacia los medios que informaban sobre el caso Lava Jato creció hasta el delirio, al punto que sus partidarios en el Congreso consiguieron aprobar una ley para prohibir la publicidad estatal en la prensa, con el supuesto propósito de que desapareciera por falta de ingresos. Fracasó.
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Fue el diario madrileño El País, basado en una investigación de las autoridades andorranas, y no la prensa peruana, la que reveló los sobornos pagados por Odebrecht a varios exfuncionarios apristas mediante cuentas abiertas en el Banco Privado de Andorra. Entre ellos se encontraba el íntimo amigo de García, Miguel Atala. La fiscalía peruana solicitó a sus pares andorranos compartir la información, y luego de recibirla, en el marco de acuerdo de cooperación, preguntó a Odebrecht por el origen de los fondos. Como informó IDL-Reporteros, los brasileños respondieron que depositaron a Atala 1 millón 300 mil dólares, pero que el dinero le pertenecía a Luis Nava. Además, hicieron otros pagos ilegales por 4 millones al exsecretario presidencial, con autorización de Jorge Barata, con quien García y Nava se reunieron varias veces en Palacio de Gobierno.
Es así que la fiscalía solicitó a un juez la detención de García y Nava, en aplicación de la técnica de seguir la pista del dinero. En lugar de enfrentar a la justicia, el exmandatario optó por cancelar su existencia por propia determinación. Le espantaba que se conociera la verdad. Sabía que tarde o temprano llegarían las autoridades para arrestarlo. Por eso, los esperaba con una Colt cargada. Los apristas dicen que García eligió la muerte para evitar la humillación de la cárcel, que su acto final es digno de un mártir. Los mártires suelen estar asociados a una causa justa, como la libertad, la verdad, los derechos; no a la mentira.
