Escribe: Federico Chunga Fiestas
Según la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, hasta agosto del año
pasado 67 gobernadores y exgobernadores, 102 alcaldes provinciales y 428 alcaldes distritales de todo el país se encontraban procesados por algún delito de corrupción. En total son 597 altas autoridades regionales y locales, 53 de ellas de Piura. No existen cifras exactas, pero varios cumplen prisión preventiva y un número significativo ya ha sido sentenciado. No hay datos, sin embargo, del número de regidores o funcionarios regionales y municipales involucrados en las investigaciones o ya sentenciados por estos mismos hechos.
Cada vez se descubre con mayor frecuencia que dentro de algunos gobiernos regionales y
municipales del país operan organizaciones criminales. Es el caso del alcalde de Santa Rosa, en Lima, elegido por el partido Solidaridad Nacional el 2014, y detenido la semana pasada en una operación policial bajo la acusación de dirigir una banda delincuencial bautizada como “Los malditos de Santa Rosa”, junto a 29 implicados. Esta banda, a la que pertenecían tres funcionarios municipales, un trabajador de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y un juez de paz, estaba dedicada al tráfico de terrenos, el sicariato y la extorsión. Según las investigaciones habrían traficado con más de 800 mil m2 de terrenos, amasando una fortuna de veinte millones de soles. En situaciones similares han caído hace poco los alcaldes de San Bartolo, Chilca y Villa María del Triunfo.
Lo más grave es que estas personas fueron elegidas por nosotros, por lo que también tenemos que asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos. Según la última encuesta de Proética sobre corrupción, el 62% de peruanos cree que la corrupción es el principal problema del Estado peruano, más que la delincuencia en las calles y el consumo de drogas. Esta cifra, no obstante, no guarda relación con un dato que también es real: seguimos siendo altamente tolerantes con ella, al punto que, según esa misma encuesta, casi la mitad del país no tendría problemas en elegir a personas corruptas en cargos públicos. Es decir, nos indignamos con algo como Odebrecht, pero seguiríamos votando por gente ligada a esa empresa. Nos indignamos para luego volver a lonuestro, pensando que la corrupción es normal y que le toca a otros luchar contra ella. Si seguimos así, este flagelo seguirá destruyendo a nuestro país y violando nuestros derechos, y en algunos casos matando o dejando morir a los nuestros.
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Toca pasar de la indignación a la acción, pero vista nuestra experiencia como país, esta debe ser una tarea de la ciudadanía movilizada, y de sus líderes. Las organizaciones vecinales, las universidades, los gremios sindicales y los medios de comunicación no pueden ser ajenos a esta lucha. Les corresponde a ellos requerir a los candidatos que publiquen sus hojas de vida, sus antecedentes judiciales y penales, sus fuentes de financiamiento, así como sus declaraciones de intereses, es decir, con qué empresas tienen relaciones o han trabajado ellos o sus familiares directos. Y esto debieran presentarlo no solo los candidatos sino las personas de su confianza que ocuparían gerencias y direcciones en caso resulten elegidos.
