Por: Econ. José Luis Juárez Castillo (Dirección Económico Ambiental – CIPCA)
El pasado lunes 28 de enero agricultores y agricultoras de la Región, marcharon por la calles de Piura exigiendo la inmediata reconstrucción de la infraestructura de riego en los diferentes valles, aseguran que el agro está en abandono y reclaman la presencia de las autoridades nacionales. Bajo este contexto, es oportuno preguntarnos cuanto ha mejorado el agro en la región a casi 50 años de la promulgación de la Ley N° 17716 de Reforma Agraria, una de las reformas más radicales de América Latina, especialmente por el contexto socio político en que se dio. He aquí algunas reflexiones originados por este hito del agro regional.
La agricultura siempre ha sido una actividad productiva gravitante en la economía de Piura, y una de sus limitaciones de larga data gira en torno al acceso a los recursos productivos, principalmente en lo que respecta a la tenencia de la tierra, que en el sector rural marca la diferencia entre ser un actor social y económicamente importante o ser pobre extremo con altas posibilidades de migrar a la ciudad.
Así, en 1968, un año antes de la Reforma Agraria, Piura registraba una superficie agrícola de 203,449 hectáreas[1]. De este total sólo el 8% (15,546 hectáreas) estaba en manos del 76% de pequeños propietarios (8,887 productores) con predios menores a 4 hectáreas. El 19% de la tierra (38,058 hectáreas) estaba en manos del 19% de medianos propietarios de predios cuyo tamaño iba de 4 a 45 hectáreas (2,235 productores). En tanto, el 74% de superficie agrícola (149,845 hectáreas) se concentraba en sólo el 4%, es decir unos 523 propietarios o hacendados[2]dueños de predios mayores a las 45 hectáreas.
De esta forma se configuraba una situación de desigualdad en cuanto al uso y tenencia de la tierra como principal recurso productivo, ya que mientras los pequeños propietarios tenían predios de un tamaño promedio de 1.7 hectáreas, en el otro extremo el tamaño de los predios de los grandes propietarios era de 286.5 hectáreas en promedio. Esta desigualdad fue una de las principales motivaciones de la Reforma Agraria del año 1969, concebida para eliminar el latifundio y el minifundio y establecer una nueva forma de producción de base campesina, organizada en empresas asociativas dirigidas por los propios agricultores.
La Reforma Agraria adjudicó en Piura 599,799 hectáreas de tierras (agrícolas y no agrícolas) a un total de 69 cooperativas, 37 Grupos Campesinos y 61 Comunidades Campesinas, beneficiando a 42,562 familias[1], cambiando el régimen privado de tenencia de la tierra por uno de carácter asociativo e incrementando el número de accesitarios en 265% (pasando de 11,645 que había antes de la Reforma a las 42,562 familias beneficiarias de ésta).
En el año de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria (1969), el 75% de la superficie agrícola cosechada[1]correspondía a cinco cultivos: algodón (45.4%), arroz (11%), maíz amarillo duro (8.4%), maíz amiláceo (5.6%) y trigo (4.9%), tal como se aprecia en el Cuadro.
Dichos cultivos han caracterizado por muchos años la estructura productiva agrícola de Piura, aún después de la Reforma Agraria. El algodón Pima se convirtió en el ícono principal de la producción agraria y de la economía regional, que tuvo sus puntos más altos de producción en los años 1965 y 1966 durante los cuales llegó a las 75,000 hectáreas cosechadas, convirtiéndose en el principal producto de exportación, gran demandante de mano de obra (especialmente en la época de cosecha) y generador de actividades agroindustriales conexas a través del desmote y la producción de derivados como el jabón, aceite vegetal y la pasta de algodón.
La implementación de la Reforma Agraria, si bien logró cambiar el régimen de tenencia de la tierra no implicó modificaciones sustanciales en la estructura productiva agraria de la región. Así, para 1990 (veintiún años después de la promulgación de la Ley), los mismos cinco cultivos antes indicados seguían ocupando el 72% del total de la superficie agrícola cosechada ese año (154,953 hectáreas)[1]. Para entonces el algodón, principal producto de exportación, ya mostraba su tendencia decreciente y a cambio se visualizaba la expansión de los otros cultivos tradicionales (arroz, maíz y trigo) y la emergencia de otros como el banano, café, limón y mango (ver Cuadro 1).
También para 1990 las organizaciones que habían sido adjudicatarias de la tierra ya habían dejado de ser formas asociativas y se había dado paso a la individualización de la propiedad de la tierra, con lo cual el propósito de la Reforma de tener una producción de base campesina organizada en empresas asociativas no pudo alcanzar el éxito esperado. Tampoco lo fue la eliminación del minifundio porque al pasar de formas asociativas de la propiedad de la tierra a la individualización de la misma, se generó una masificación de pequeños fundos cuyo tamaño promedio fluctuaba entre las 3 y las 4 hectáreas de superficie.
Claro está que en este largo y complejo proceso han concurrido una serie de factores como la crisis económica internacional de los 70, la caída de los precios internacionales de las materias primas, así como también los procesos dentro del país, entre los cuales destaca la promulgación en 1980 del Decreto Legislativo N° 2 que dio la formalidad para acelerar el proceso de individualización o parcelación de las formas asociativas.
El Censo Agrario del año 2012 confirma esta tendencia. Para entonces la superficie agrícola de Piura había crecido a 386,777 hectáreas (90% con respecto a la registrada en 1968) y el número de unidades agropecuarias con tierra agrícola se había incrementado en 221% con respecto a las beneficiarias de la reforma agraria.
El censo reveló que existían 136,526 unidades agropecuarias, de las cuales el 84.3% (115,099) son unidades agropecuarias con fundos menores a las 4 hectáreas[2], el 15.4% (20,985) con fundos de 4 a menos de las 50 hectáreas y sólo el 0.3% (442) son unidades agropecuarias que poseen fundos con tamaño de 50 a más de 3,000 hectáreas de tierra agrícola.
Es decir, las desigualdades en la tenencia de la tierra que motivaron la Reforma Agraria nuevamente están presentes en la agricultura de Piura. De una parte una pequeña agricultura que posee sólo el 31.8% (122,881 hectáreas) del total de la tierra agrícola disponible a nivel regional, con un tamaño de predio familiar de 1.1 hectáreas (inferior al que existía antes de la reforma que era de 1.7 hectáreas), y de otra parte la gran agricultura o gran propiedad agraria conformada por sólo 442 unidades agropecuarias que conducen el 38.7% (149,759 hectáreas) de la superficie agrícola regional, con un tamaño de predio de 338.8 hectáreas en promedio.
Debido a la intensificación de la inversión privada en el sector agrícola que viene ocurriendo después del Censo Agrario 2012, es probable que estas desigualdades se hayan acentuado más. La diferencia radica en que, en vez del latifundio pre Reforma Agraria, la gran propiedad de ahora se operativiza a través del modelo empresarial agroexportador, y en la existencia de una estructura productiva más diversificada en la que el algodón ya no ocupa un lugar importante.
Así en el 2015, sobre un área agrícola cosechada de 206,785 hectáreas, diez cultivos (ver cuadro2) ocupaban el 82.2% de la superficie total cosechada, dentro de la cual el arroz mantiene su primacía con 57,559 hectáreas, destacando también el mango, banano y café como los principales productos de exportación, ocupando 42,110 hectáreas.
En el mismo cuadro 2, el rubro “Otros” con 36,706 hectáreas, contiene a un conjunto de 55 cultivos entre los que destacan la uva, caña para etanol/alcohol, cacao, frijol castilla, palta, maracuyá y una variedad de granos, frutas y hortalizas para el mercado interno.
De lo dicho hasta aquí se puede concluir que ad portas de los cincuenta años de la Reforma Agraria, las principales inequidades que motivaron su aplicación aún persisten en la agricultura de Piura: la presencia de una nueva versión del minifundio-latifundio, expresado en una pequeña agricultura con acceso a sólo al 32% de la superficie agrícola, con propiedades menores a las 4 hectáreas, frente a una gran agricultura conformada por menos de medio millar de propietarios que poseen casi el 39% de la superficie agrícola regional.
Una pequeña agricultura que, si bien está logrando construir nuevas formas de organización para su articulación a mercados, por el momento sólo involucra en este proceso a aproximadamente un 10% del total de productores/as y aún está distante de competir en igualdad de condiciones tecnológicas, financieras y de gestión con las empresas de la gran agricultura. Es un importante sector socio económico que aún sigue esperando la adecuada atención y promoción desde el Estado.
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