Por: Rocío Farfán Manrique, especialista en Género del CIPCA
Según las estadísticas oficiales, cada día de los siete primeros meses del año, 16 mujeres, niñas, adolescentes o adultas desaparecieron en el país. Además, cada 24 horas dos mujeres murieron víctimas de feminicidio.
De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo, de enero a julio se registraron 3 mil 425 notas de alerta por desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, 16% más respecto al mismo periodo del año pasado. Asimismo, 92 mujeres han muerto víctimas de feminicidio, 18% más que el mismo periodo del 2020.
En Piura, en lo que va de este año, 35 mujeres adultas y 79 niñas y adolescentes han sido reportadas como desaparecidas, y se han registrado tres feminicidios.
Ante estas preocupantes cifras, las mujeres exigimos justicia e investigaciones rápidas, que el Estado peruano realice los esfuerzos necesarios para encontrarlas y sancionar a los responsables de su muerte o desaparición. Asimismo, es necesario el seguimiento a las acciones y medidas de prevención frente la violencia de género.
Un nuevo gobierno ha iniciado y demandamos a nuestros y nuestras representantes ministeriales que se sigan fortaleciendo y complementando las políticas públicas de prevención de violencia y oportunidades laborales para las mujeres víctimas de este flagelo.
Ante el panorama que vivimos, otras de las acciones urgentes son:
- Que las desapariciones de mujeres sean consideradas como un delito, en el marco de la Ley 30364.
- Que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lidere la articulación con instituciones especializadas para la realización de un estudio que permita conocer, de la mano de las mujeres halladas y rescatadas, las causas, condiciones y motivos de las desapariciones de mujeres peruanas.
- Que las víctimas colaterales de las desapariciones y muertes de mujeres, es decir, los hijos, hijas, padres y madres, sean atendidos para su recuperación sicológica y económica.
Para lograrlo, es evidente que requerimos del compromiso de todos los peruanos y peruanas para promover la disminución de los patrones culturales machistas que generan discriminación y violencia contra las mujeres; fortalecer las capacidades personales y políticas de las mujeres para una vida libre de violencia, así como mejorar las capacidades técnicas y políticas de los operadores públicos de la ley (Policía, Ministerio Público, Ministerio de Salud, CEM, Poder Judicial, Medios de Comunicación, etc.).
Por último, es necesario mayor interés del Estado en el seguimiento y asesoría para el correcto funcionamiento de las instancias de concertación regionales, distritales y provinciales para la prevención de la violencia contra la mujer.
