El 7 de noviembre, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura allanó el local de la municipalidad distrital de Salitral (Morropón) para incautar documentación que aporten a la investigación por supuestas irregularidades en la obra de mejoramiento y ampliación de la pavimentación de la vías y veredas de este distrito.
La obra está a cargo del Consorcio Salitral, conformado por las empresas Construcciones EQQU S.A y WA&RR Contratistas Generales EIRL; quienes ejecutan el proyecto por un monto de S/. 9’427,722.03.
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Pero, ¿qué irregularidades investiga la Fiscalía?
Las irregularidades tendrían que ver con la corta duración de la contratación directa que realizó el municipio argumentando una “situación de emergencia» que hasta el momento no ha podido sustentar, ni técnica, ni legalmente.
El 2 de agosto de 2019, el jefe de la División de desarrollo urbano rural de la municipalidad, James Chaquila Lizama, emitió el informe N° 0228-2018-A-MDS-DDUR/JLCHL, que recomienda licitar la obra de forma directa, amparado en el Estado de emergencia declarado por el Gobierno el 30 de marzo del año 2017.
Ese mismo día, el asesor legal de la municipalidad, Miguel Rosas Quinteros, a través del informe N°083-2019-MFARQ-AAJ, dio el visto bueno para la adjudicación.
En simultáneo, la alcaldesa Ysmenia Monja Zapata, con resolución N°0162-2019-MDS/A declaró en emergencia y exoneró de todo proceso, la licitación del proyecto de “Mejoramiento y ampliación de la pavimentación de las vías y veredas del distrito”.
El mismo 2 de agosto, a las 5:00 pm, el postor invitado, Consorcio Salitral, presenta su oferta e inmediatamente el órgano responsable de las contrataciones de la municipalidad, a cargo de María de Lourdes Montero Camacho, revisa toda la información solicitada.
A las 6:00 pm, se declara como ganador de la obra al Consorcio Salitral. Todo el proceso se resolvió en un solo día.
Para el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) el estado de emergencia que el Gobierno central declaró en el 2017, no es argumento para exonerar a una obra del proceso de licitación. Además, esa medida tuvo una duración de 60 días por lo que a la fecha ya no está en vigencia.
Exigen profunda investigación
Cutivalú llegó hasta Salitral y conversó con la presidenta del Frente de defensa de los intereses de Salitral, Betty Mendoza Quiroz, quien considera que la obra fue direccionada porque la alcaldesa del distrito, Ysmenia Monja Zapata, no justifica la forma en que fue adjudicada.
“Lo que dice la alcaldesa Ysmenia Monja es que la obra se concesiona por una emergencia ante una plaga de moscas y zancudos en el distrito. Por eso es que se han saltado algunos procesos en la licitación y es sin duda un favorecimiento al consorcio”, opinó la dirigenta.
Agrega que quien estaría detrás de todas las irregularidades en el municipio de Salitral, es el gerente municipal Alan Marcelo Jaime. El funcionario es sindicado por parte de la población de ser el que gobierna en lugar de la alcaldesa.
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Iris Goicochea Tineo, también integrante del Frente, asegura que esta no es la única obra cuestionada en Salitral. Incluso, habría obras que nunca se realizaron pero que figuran como ejecutadas.
“Hay una supuesta obra que han hecho en un canal de regadío, pero si vamos a ver no encontramos ningún trabajo realizado. Es una obra fantasma por la cual ya han cobrado, y así vamos a encontrar muchas más en Salitral”, expresó.
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Otra de las moradoras de Salitral, Blanca Távara Rivas, acusó al gerente municipal Alan Marcelo Jaime de amenazarla a ella y a otras integrantes del Frente, enviando a personas extranjeras con armas de fuego.
“En nuestro distrito nunca antes habíamos visto a ese tipo de personas con armas de fuego. Estos sujetos tienen antecedentes de delincuentes que chalequean y nos amedrentan debido a que protestamos por las estafas que nos dan como obras”, agregó.
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La presidenta del Frente pide a la Fiscalía acelerar las investigaciones. Considera que, ante las pruebas, debería dictarse prisión preventiva para la alcaldesa, el gerente municipal y a los funcionarios que son investigados por este caso.
“La Fiscalía tiene suficientes pruebas para pedir prisión preventiva para los investigados por las evidentes irregularidades en las obras que han realizado en nuestro distrito”, finalizó.
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Rechaza acusaciones
Cutivalú conversó con el gerente municipal de Salitral, Alan Marcelo Jaime, quien rechazó las acusaciones, argumentando que vienen de parte de la oposición de la actual gestión municipal.
El gerente deslindó tener responsabilidad en el proceso donde se adjudicó directamente la obra al Consorcio Salitral y confía en el trabajo realizado por los funcionarios participantes.
Añadió que está a la espera de los resultados de la investigación fiscal que asegura descartará las acusaciones que lo involucran a él, a la alcaldesa distrital y otros funcionarios.
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A tres meses de haberse iniciado los trabajos, la obra ya tiene un avance del 90%, pese a que el plazo de ejecución es de 240 días hábiles (ocho meses).
Si bien la obra aún no ha sido terminada, algunas pistas y veredas recién construidas presentan fisuras.
Sobre ello, el gerente municipal dice que, de existir fisuras o rajaduras, exigirán a la empresa que sean atendidas.
