El especialista en gestión pública del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), Henry García Sarca, sostuvo que es positiva la propuesta de dinamizar la economía a través de la compra de productos para las canastas que se entregarán a los más pobres. Sin embargo, aclaró que las compras de esta emergencia no están exceptuadas de cumplir la Ley de contrataciones con el Estado.
En ese sentido indicó que las municipalidades deberán comprar a productores y distribuidores mayoristas que tengan su inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores del Estado.
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La limitación que se enfrenta ante el objetivo de beneficiar a los productores locales es que un sector importante de ellos no es formal, y mucho menos han tenido la diligencia en registrarse como proveedores de bienes o servicios.
Ante ello, García Sarca, propuso a las municipalidades priorizar a quienes sí cumplen este requisito y que entre los términos de referencia se precise que la canasta contenga víveres producidos en la zona. «Este proceso, aunque sea compra directa, establece requisitos. Uno de ellos es ser proveedor del Estado. Ahí habría una dificultad, pero las municipalidades deben ser precisos en que los productos de la canasta sean de la zona, es dinamizará la economía local», expresó.
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