La Municipalidad Provincial de Sullana es blanco de críticas luego de que un informe de la Contraloría de la República revelara que, durante el 2023, no ejecutó más de 430 mil soles destinados a programas y proyectos en favor de las personas con discapacidad.
De acuerdo al Informe de Acción de Oficio Posterior N° 3695-2024-CG/PREVI-AOP de la Contraloría, la Ley N° 31638 obliga a los gobiernos regionales y provinciales a ejecutar el 0.5 % de su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que deben realizar las Oficina Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED).
Es decir, dicha comuna debió ejecutar más de 668 mil soles (0.5 % del PIA) en el 2023. Sin embargo, solo devengó 233 mil 672 soles (0.17 % del PIA), dejando más de S/ 430 mil sin ejecución.
«Los hemos descuidado»
El alcalde provincial de Sullana, Marlem Marcelino Mogollón Meca, admitió abiertamente la ineficacia de su gestión durante el 2023, señalando la falta de expedientes técnicos adecuados como una de las razones principales detrás de esta cuestionada ejecución presupuestal.
«En el año 2023 hubo muchos problemas. Para empezar, no contábamos con expedientes técnicos de calidad, como dicen los funcionarios de los diferentes sectores. Es decir, ha sido un caos. Si bien es cierto, el reclamo de las personas con discapacidad es correcto. Este año lo vamos a mejorar», señaló Mogollón.
Mogollón alegó que, al abordar problemas como la inseguridad ciudadana y la falta de saneamiento, también está interviniendo en favor de las personas con discapacidad. Sin embargo, esta afirmación parece más un intento desesperado por esquivar responsabilidades que una verdadera muestra de compromiso con la inclusión.
«Tenemos proyectos que no solo van a ser para las personas que no tienen estos problemas de discapacidad, sino para todos. Por ejemplo, proyectos de agua potable y tenemos proyectos de saneamiento. Entonces, nos centramos, descuidando un poco las partes pertinentes para ellos [personas con discapacidad]», dijo.
Cabe señalar que, si bien es importante abordar las necesidades de toda la población, según la normativa legal, el presupuesto destinado a las personas con discapacidad, debe ser ejecutado, independientemente, de las obras que se deben poner en marcha en beneficio de toda la comunidad.
Con ello, la ley busca garantizar que esta población vulnerable reciba la atención y los recursos necesarios para asegurar su inclusión y bienestar en la sociedad.
