Un mar de pañuelos verdes fue agitado por miles de manos el lunes durante un colorido, ruidoso y juvenil mitin frente al Congreso de Argentina en el marco de una campaña por el aborto legal, gratuito y seguro.
El momento del «Pañuelazo», como lo bautizaron los organizadores, fue la culminación de una jornada que al mediodía alcanzó otro clímax con el «Tuitazo» del hashtag #AbortoLegalYa.
El «Tuitazo» fue tendencia dominante en las redes sociales, según los organizadores.
«Los congresistas deben cambiar la legislación en forma urgente. Hay más de 500.000 abortos clandestinos anuales y más de 60.000 de ellos con complicaciones», dijo a la AFP Martha Rosenberg, una de las líderes de la convocatoria.
Psicoanalista de profesión y legendaria pionera por los derechos de la mujer, Rosenberg dijo que «el proyecto de ley para el aborto está ‘cajoneado’ y demorado (en el parlamento) desde hace 12 años».
En Argentina, la interrupción del embarazo es sólo admitida en caso de violación o cuando hay peligro de vida para la mujer.
«Proponemos una iniciativa de ley de aborto voluntario en las primeras 14 semanas de gestación ¿Cuántas mujeres más tienen que morir o sufrir secuelas por abortos clandestinos?», inquirió en medio de la muchedumbre que blandía cartelones y banderas alusivas.
Mientras una comparsa hacía tronar tambores, jóvenes con el emblemático pañuelo verde pintado en el rostro aplaudían a los oradores y gritaban a coro: «¡Si queremos, abortemos!».
«He abortado y después de abortar fui mamá. Que no nos vengan a decir que somos asesinas. En los países que lo legalizan, baja la tasa de aborto», dijo a la AFP la diputada opositora Araceli Ferreira, quien dejó su despacho en el parlamento para apoyar la movilización.
Ferreira agregó: «Las mujeres no somos incubadoras, no estamos obligadas a tener embarazos no deseados».
Un fallo de la Corte Suprema de 2012 amplió la perspectiva al ordenar que en los casos de abortos no punibles sea innecesario recurrir a un juez para que se autorice el procedimiento. Organismos defensores de derechos humanos y feministas respaldaron aquella medida del tribunal.
(Fuente: El Comercio)
