Por: Oscar Altamirano, coordinador de Prensa de Cutivalú
Hoy se recuerda un año más del Día del Campesino y la Campesino, una fecha que resulta crucial para revalorar el trabajo incansable de aquellos hombres y mujeres de campo. Desde Cutivalú enaltecemos su labor y su esfuerzo, y enviamos un fraternos saludos a todos y todas que cada día son parte de esa seguridad alimentaria que requiere la población.
Pero desde Cutivalú también hacemos una fuerte crítica al gobierno actual, por no actuar oportunamente en la crisis que vive la agricultura en Piura y el país.
En el contexto piurano, la escasez hídrica y la falta de políticas efectivas que protejan al pequeño y mediano agricultor y agricultora pesan irremediablemente, afectando la economía de productoras y agricultores.
«Es necesario cuestionar el rumbo que ha tomado la gestión de Dina Boluarte y el Ministerio de Agricultura, que parecen más alineados con los intereses de las agroexportadoras que con las necesidades reales del campo piurano y peruano»
En esta fecha es necesario cuestionar el rumbo que ha tomado la gestión presidencial de Dina Boluarte y el Ministerio de Agricultura, que parecen más alineados con los intereses de las agroexportadoras que con las necesidades reales del campo piurano y peruano.
Vayamos a hechos y leyes concretas, que perjudican a los agricultores.
Uno de los últimos y más nocivos pasos que dio el Congreso fue la denominada “Ley Chlimper 2.0”, o “ley de las agroexportadoras”. Aunque se presentó como un proyecto de ley que busca favorecer a los hombres y mujeres de campo, en realidad, esta propuesta se aprobó sólo para beneficiar a las agroexportadoras.
«Esta ‘nueva ley agraria’ también afectará el uso de aguas. Es decir, serán las grandes corporaciones y empresas quienes decidirán sobre este recurso»
¿Cuál es el sentido de esta norma? Sencillo: otorgar beneficios tributarios a las agroexportadoras, exonerarlas de las responsabilidades fiscales, permitir que obtengan mayores recursos por encima del trabajo y esfuerzo de los agricultores. Y esto es sólo la punta del iceberg.
Esta “nueva ley agraria”, como la presentaron algunas bancadas del régimen, también afectará el uso de aguas. Es decir, serán las grandes corporaciones y empresas quienes decidirán sobre este recurso, afectando directamente al desempeño de los agricultores y agricultores que, en alta medida, realiza una agricultura mediana, pequeña y hasta únicamente familiar.
La función de la SUNAFIL también quedará debilitada. Los trabajadores de estas agroexportadoras estarán en franca desventaja frente al empleador, quien podrá reducir sus costos operativos sin ninguna sanción. A ello se suma el costo fiscal que esta próxima ley ocasionará al Estado. Hablamos de 1850 millones de soles anuales que dejará de percibir el Estado, gracias a las exoneraciones que otorga el Congreso a estas agroexportadoras. La llamada «Ley Chlimper 2.0» únicamente otorga beneficios fiscales y laborales de manera desproporcionada a las grandes empresas del sector.
«A ello se suma el costo fiscal que esta próxima ley ocasionará al Estado. Hablamos de 1850 millones de soles anuales que dejará de percibir el Estado, gracias a las exoneraciones que otorga el Congreso a estas empresas»
Y la pregunta que hacemos es: ¿a qué costo se lanza esta ley? Esta ley no contempla medidas efectivas para garantizar el acceso equitativo al agua ni protege a los pequeños productores frente a la competencia desigual. En el caso de Piura, el impacto negativo de esta ley es evidente. En esta región, pesa la crisis hídrica que, año a año, se profundiza; aquí, pesa la limitada capacidad operativa de la represa de Poechos, la misma que está sedimentada en un 60%, afectando directamente el desempeño de los agricultores y productoras.
Mientras tanto, la Comisión Agraria y el Congreso han mostrado una preocupante inclinación hacia la defensa de los intereses privados, sin importarles el desarrollo de las y los agricultores. Los últimos comentarios del ministro de Agricultura también generaron desazón y preocupación, pues demuestra que no está comprometido con el sector.
«El gobierno de Dina Boluarte y el Ministerio de Agricultura han fallado en implementar políticas integrales que enfrenten esta crisis. Los agricultores siguen sufriendo pérdidas, enfrentan conflictos sociales y carecen de apoyo real para adaptarse a la crisis climática que afecta a la región»
El gobierno de Dina Boluarte y el Ministerio de Agricultura han fallado en implementar políticas integrales que enfrenten esta crisis. Los agricultores siguen sufriendo pérdidas, enfrentan conflictos sociales y carecen de apoyo real para adaptarse a la crisis climática que afecta a la región. ¿Dónde está la verdadera voluntad política para defender al campesinado y garantizar un desarrollo agrícola sostenible?
Este proyecto de ley, que será debatida en el pleno del Congreso para una segunda y definitiva votación, sólo representa una muestra más de cómo el Estado prioriza los intereses de las agroexportadoras en detrimento de los agricultores piuranos.
En este Día del Campesino y la Campesina, urge un cambio y políticas urgentes en materia la agricultura.
¿Hasta cuándo seguirá la política agrícola del país siendo un privilegio sólo para las agroexportadoras y una condena vil para los mujeres y hombres de campo?
Les habló Oscar Altamirano, coordinador de Prensa de Cutivalú.
