El Congreso de la República aprobó, en segunda votación, el proyecto de ley que permitirá a la presidenta Dina Boluarte gestionar su cargo de manera remota, si se encontrase en el extranjero.
El abogado constitucionalista, Pedro Grández Castro, advierte que la norma transforma funciones del premier y expone la falta de transparencia en instituciones como el Tribunal Constitucional; teniendo como resultado una constitución flexible y débil a cualquier norma que se presente.
Para el especialista, este conflicto de competencias en instituciones deteriora el sistema democrático y el valor de la constitución.
“Una constitución rígida es una constitución que vale más que la ley, la cual no puede ser modificada tan fácilmente por el legislador. En cambio, una constitución flexible es una constitución manipulable que cualquier ley ordinaria puede alterar. En ese camino estamos y eso desdibuja la idea que tenemos de estado constitucional”, advirtió el especialista.
Según Grández Castro, este tipo de acciones vienen degradando la constitución mediante estrategias poco transparentes. Como mencionó el abogado, la norma también reforma el artículo 119, que autoriza al presidente del Consejo de Ministros encargarse del despacho presidencial en ausencia de la Presidenta de la República.
“Este artículo empieza diciendo ‘conforme al artículo 115’ y no es así, es más bien un adicional, que es el artículo 119; el cual confiere directamente una nueva competencia al presidente de Consejo de Ministros, que además trastoca su función de vocero del Gobierno bajo la suposición de que también se encargaría del despacho presidencial, cuando son cosas totalmente diferentes”, expresó Grández.
Asimismo, el abogado señala que lo más correcto sería que instituciones como el Tribunal Constitucional, ejerzan su competencia y función de control constitucional, declarando la norma como inválida; sin embargo, ese no es el caso.
“El problema es que el tribunal está actuando como una cámara de senadores que confirma las leyes que aprueba el parlamento; y eso me parece que supone en la práctica, renunciar a la función de control que la constitución les da”, dijo Grández.
