Ley Mulder: ¿Qué implicancias tiene para los medios en provincias?

Tres especialistas piuranos analizan la aplicación de la nueva norma que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados.

Una vez oficializada la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados, diversas voces se han mostrado a favor y en contra. Pese a que fue observada por el Poder Ejecutivo, el Congreso la aprobó por insistencia.

Por ello, el presidente Martín Vizcarra anunció una demanda de inconstitucionalidad ante esta iniciativa del congresista Mauricio Mulder, a la cual calificó de «Ley Mordaza».

Uno de los cuestionamientos en torno a la aplicación de esta nueva norma es sobre las implicancias en los medios independientes de provincias. Al respecto, CUTIVALÚ conversó con cuatro especialistas.

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Para la especialista en gestión Pública de la Universidad de Piura, Juana Huaco García, la ‘Ley Mulder’ es un retroceso y empeora la alicaída imagen del Congreso. “Lo que más caracteriza a una democracia es la libertad de información y [la ley] está atentando contra ella”, señaló.

Opinó que hay otras formas de controlar los gastos de la publicidad estatal, sin necesidad de limitar una libre contratación publicitaria y, sobre todo, “que atente contra el derecho a la libre información que tiene el ciudadano”.

Docente Juana Huaco García. (Foto: Udep)

Según la docente e investigadora, uno de los puntos que estipula la controvertida ley es promover que cualquier comunicación de las entidades públicas se difunda a través de las redes sociales. Sin embargo, en nuestro país no toda la población tiene acceso a este tipo de tecnología.

La preocupación de la especialista se incrementa cuando se habla de la afectación a los medios de comunicación regionales y provinciales, sobre todo en el marco del proceso de reconstrucción en el que hay de por medio el manejo de millones de soles.

Por ello invocó a la población a estar muy atenta, porque considera que el Congreso está aprovechando la fiebre mundialista para aprobar leyes que están atentando contra muchos de los derechos de los peruanos y peruanas.

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De similar opinión fue el abogado piurano Federico Chunga Fiestas, especialista en Derechos Humanos, quien sostuvo que la ‘Ley Mulder’ perjudica el derecho a la información de los sectores más pobres y excluidos.

Ya que la ley especifica que la restricción al derecho a informar incluye a todos los medios privados, e incluso las redes sociales, discrimina a la población en el derecho que tiene a estar informada.

Esta norma es discriminatoria. Según el INEI, solo el 50% de peruanos tiene el acceso a Internet. Los más perjudicados con los que menos acceso a información tienen, que por casualidad son los más pobres”, dijo.

Chunga Fiestas recordó además que, de acuerdo con un estudio de acceso a medios elaborado por el INEI, el 54 % de la población peruana tiene acceso a TV, el 13 % accede a diarios y a web, 12 % a radios y solo 8 % a redes sociales.

Así, el Ejecutivo “se quedan en el aire”, con campañas de comunicación como la del bicentenario, igualdad de hombres y mujeres, y valores; mientras que los ministerios no podrán difundir las jornadas de vacunación, de prevención contra el friaje y las heladas, los simulacros nacionales de sismos y las convocatorias a los simulacros nacionales.

Federico Chunga consideró pertinente que el Ejecutivo recurra al Tribunal Constitucional para que se restituya el derecho y deber de informar del estado, así como el derecho a informarse de los ciudadanos.

“Ningún país ha llegado a la prohibición absoluta, ni Venezuela. Vamos a ser el primer caso en el que la prohibición es de este tipo. El Congreso no puede intentar proteger el presupuesto público vulnerado derechos”, argumentó.

Constitucionalista Carlos Hakansson. (Foto: Cutivalú)

Por otro lado, el constitucionalista Carlos Hakansson Nieto indicó que la ‘Ley Mulder’ no amenaza la libertad de expresión, pero cree que se debió contemplar la regulación de gasto del Estado en publicidad, pero no su prohibición.

El especialista propuso que, si se busca un control en el manejo presupuestal de la publicidad estatal, la ley debió, por ejemplo, limitar el gasto de la publicidad en una determinada cantidad de Unidades Impositivas Tributarias, y así ser considerada en el presupuesto nacional. Pero no llegar al extremo de prohibirla.

No obstante, Hakanson opinó que la libertad de expresión está garantizada pues no incluye trabajos periodísticos como reportajes, entrevistas y noticias, debido a que estos no califican como publicidad.

Asimismo, están exceptuados de esta prohibición la difusión de desastres o casos de emergencia nacional, donde por obvios motivos, es necesario brindar información. Otra de las excepciones es la información electoral que sí se podrá difundir.

En ese sentido, el constitucionalista argumentó que los catalogan la ‘Ley Mulder’ como Ley Mordaza, estarían desinformando a la población, pues no condiciona la libertad de expresión.

2 COMENTARIOS

  1. En los últimos 5 años el estado gasto 1508 MILLONES de soles en publicidad , dicen de informar al pueblo de datos de relevancia
    En esos años no recuerdo noticia que ayude al pueblo.
    Seamos honestos
    Con esos miles de MILLONES cuantas plataformas deportivas o postas se habría construido??

  2. Señor Director de Radio Cutivalú:

    He leído con sumo cuidado la nota periodística Publicada en el Web Site de vuestra prestigiosa radio bajo el epígrafe de “Ley Mulder pone en riesgo la sostenibilidad de los medios radiales en Perú”; en la que se refiere, asimismo, que según el analista Luis Herrera, dicha norma afecta la difusión de políticas públicas a los sectores más excluidos, respecto a lo cual me permito formular los comentarios siguientes:

    No comparto la afirmación expresada por el analista político Luis Herrera Romero en el sentido de que la nueva ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados ponga en riesgo la sostenibilidad y continuidad de los medios radiales que funcionan en las regiones de Perú, pues los citados medios de comunicación al igual que cualquier iniciativa privada que incursione como actividad productiva de naturaleza lucrativa no debe estar supeditada necesariamente a tener “clientes cautivos”, entre ellos el Estado, para poder organizarse, actuar y crecer, sino que su permanencia en el mercado en el que interactúe debe respaldarse en un plan de desarrollo elaborado en base a metas y objetivos de corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que solo en un ambiente de libre y sana competencia podrá posicionarse en el mercado. De lo contrario, los pequeños y medianos agricultores, comerciantes e industriales tendrían que exigir también a las entidades públicas (El Estado) que les compren sus productos para “no poner en riesgo sus sostenibilidad”, pues a igual situación les correspondería igual derecho.

    En nuestro país son innumerables los ejemplos a citarse en los que el Estado ha servido y sirve o es utilizado como principal fuente de financiamiento para que numerosas empresas privadas como las telefónicas, mineras, educativas y de salud lucren y se beneficien a costa de los sufridos ciudadanos como son los casos de los peajes entregados en concesión a empresas privadas luego de que el Estado ha efectuado cuantiosos desembolsos en la construcción de obras de infraestructura vial, por cuya utilización (circulación) de tramos que muchas veces no llegan ni a cien kilómetros se viene cobrando importes superiores a cinco soles por cada vehículo ligero (automóviles y camionetas) o igual suma de dinero por “cada eje” en el caso de vehículos pesados (camiones, omnibuses y tráileres). También se viene dando esta situación en las tan promocionadas obras por “Asociación Público Privada” (APP), en las que el Estado contribuye con ingentes sumas de dinero para la construcción de obras que luego son entregadas a empresas privadas en concesión y sin que ellas hayan efectuado mayor inversión que su constitución y acercamiento a los grupos de poder político para ser beneficiadas. ¿Cómo no le gustaría a un pequeño bodeguero que determinada entidad pública le construyera un local (tienda), le proveyera de toda clase de abarrotes (mercadería) para empezar a trabajar luego y además de ello se allanaría a adquirirle sus productos?. Eso sería también “no poner en riesgo la sostenibilidad de la inversión privada”.

    Como se puede ver hay innumerables ejemplos en los que se obliga al Estado a “sostener” a la actividad privada con la dación de leyes que si afectan a la mayoría de peruanos. Con ello no quiero decir que esté de acuerdo con la “Ley Mulder”, sino que el Estado debe actuar como facilitador o promotor de políticas iguales de desarrollo para todas las actividades productivas y para el bienestar de todos los peruanos, sin que su actuación esté atada necesariamente a sostener inversiones privadas con parte de sus recursos que pertenecen a todos los ciudadanos por igual.

    Por eso no comparte la aseveración del señor Luis Herrera Romero, presidente del Grupo ISP, consultores en temas políticos y electorales, efectuada en la entrevista dada a Radio Cutivalú en el sentido que “Estos medios de provincias subsisten mayoritariamente por publicidad; por lo tanto, al prohibirse la publicidad estatal se pondría en riesgo su subsistencia, exponiéndolos a una crisis, incluso a su desaparición”, considero que si los propietarios de esos medios buscan que el Estado los financie para poder subsistir están equivocados y mejor deben buscar otras oportunidades de inversión, pues el Estado que nos pertenece a todos los peruanos no puede ni debe sostener negocios de particulares; sino que los recursos públicos deben destinarse a la creación y sostenimientos de los servicios públicos básicos de salud y educación, los que no deben estar mayoritariamente en manos de empresas privadas como parece que lo están ahora.

    Por ello urge que el Estado, a través de reformas a ser introducidas en los presupuestos de las entidades que lo conforman, regules el tema de la comunicación con la ciudadanía estableciendo políticas y topes en gastos de publicidad y promoviendo que los modernos medios masivos de comunicación social, como lo es la Internet, llegue a los más remotos confines del territorio nacional, pues las políticas nacionales, decisiones y actos de la Administración Pública pueden ser divulgados por intermedios de los portales institucionales del Estado a costos sumamente bajos. Por ejemplo, se pueden instalar “Centros de Comunicación Ciudadana” en cada de las Municipalidades Distritales, Delegadas o de Centros Poblados Menores con pantallas en cada plaza de armas para el acceso sin limitación alguna a la información pública del Estado, a la que tienen derecho los pobladores de sus circunscripciones territoriales.

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