Los fiscales supremos titulares, Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena, solicitaron la renuncia de Patricia Benavides Vargas en su cargo de Fiscal de la Nación. Ello tras la detención de su exasesor, Jaime Villanueva, por, presuntamente, integrar una organización criminal encabezada por Benavides.
«Le exigimos que renuncie al cargo de Fiscal de la Nación, a fin de no afectar la investigación que realiza nuestra institución», se lee en el documento que presentaron ambos Fiscales Supremos Titulares.
Patricia Benavides se niega a renunciar
Pese al pedido formal de la Junta de Fiscales, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, hizo un pronunciamiento público y anunció que no renunciará a su cargo. «No voy a retroceder, tengo un compromiso firme con la labor que realizo. Como Fiscal de la Nación, no permitiré que esa presión o injerencia externa haga caer el trabajo de tantos fiscales comprometidos de esclarecer los hechos y encontrar a los responsables», dijo Benavides, en un mensaje grabado en la sede del Ministerio Público.
Asimismo, la fiscal Benavides aprovechó su mensaje para anunciar una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y el exministro Vicente Romero por homicidio, por las muertes ocurridas durante las protestas sociales.
Presunta organización criminal
De acuerdo a la investigación fiscal, los integrantes de la organización criminal, liderada por la titular del Ministerio Público, habrían confabulado con parlamentarios para asegurar la permanencia de Benavides en el cargo. Estas acciones ilícitas serían:
- La designación de José Gutiérrez como defensor del Pueblo
- La inhabilitación de Zoraída Ávalos como fiscal de la Nación
- La remoción de la Junta Nacional de Justicia.
Otros tres asesores de Benavides estarían implicados: Abel Hurtado Espinoza, Jaime Javier Villanueva Barreto y Miguel Ángel Girado Isidro.
“Quienes habían instrumentalizando el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para beneficio propio, influyendo ilícitamente en decisiones discrecionales de Congresistas de la República para que estos mediante un procedimiento constitucional aprueben la remoción de los titulares la Junta Nacional de Justicia quien investiga a la titular del Ministerio Público y así evitar su destitución”, precisa la investigación.
