La semana pasada, el presidente Castillo acusó de ser “pagados” a los dirigentes del paro de transportes en Huancayo, lo que ofendió no solo a los manifestantes del centro del país, sino que con justa razón indignó a toda la ciudadanía movilizada por el alza del costo de vida y de los insumos agrícolas en diversas regiones. Esta semana, Castillo volvió a dar muestras de su impericia política dictando un repentino estado de emergencia e inmovilidad total en Lima y Callao. Con estos dos torpes gestos, el presidente Pedro Castillo parece decidido a ayudar a quienes buscan removerlo del cargo.
En pocos días, el presidente ha logrado lo que sus incapaces opositores parlamentarios y sus poderosos enemigos mediáticos no habían conseguido en los ocho meses de su errático gobierno. En primer lugar, puso en su contra a quienes votaron por él, al agredirlos verbalmente y ningunear sus reclamos. De otro lado, con su insólito “toque de queda”, le dio a un importante sector de la ciudadanía limeña un buen motivo para una manifestación pidiendo su renuncia, con una convocatoria impensable para cualquiera de los grupos “vacadores”.
Lo que las distintas protestas de estos días expresan es un profundo malestar con un presidente que hasta la fecha no asume la tarea para la que fue electo: gobernar. Enfrascado en su enfrentamiento con la oposición golpista de la ultraderecha y en los conflictos de su entorno político, el presidente Castillo arrió todas sus banderas electorales. Con su atención puesta en disputas por cuotas de poder y en medio de la incapacidad manifiesta de la mayoría de sus ministros, ha terminado aislado de la ciudadanía, que es la fuente de legitimidad de toda democracia.
Las protestas, más allá de las justas razones que las motivan, también están dando lugar a preocupantes acciones de vandalismo, promovidas en algunos casos por la oposición radical para generar una mayor sensación de incertidumbre y desgobierno, en una peligrosa retroalimentación con el talante autoritario que ha mostrado el presidente. Se agrega así al escenario de protesta social un componente de violencia, además de la ya consabida represión policial, registrándose hasta ahora al menos dos muertes por disparos y alrededor de treinta personas heridas, varias de ellas por impactos de bala en la cabeza.
Por ahora, lo que está claro es que el Ejecutivo y el Legislativo no están en la capacidad de llegar a un acuerdo político. El penoso diálogo entre el presidente Pedro Castillo y la presidenta del Congreso María del Carmen Alva da cuenta de ello. ¿Tiene posibilidades el gobierno de remontar esta crisis? Es poco probable, pero en Noticias SER creemos que quizás su última oportunidad sea la recomposición total del gabinete, esta vez sin cuoteos, que priorice las necesidades sociales y económicas que las movilizaciones en regiones han puesto en agenda, y que provienen mayoritariamente de la ciudadanía que eligió al profesor Castillo por sobre la candidata del fujimorismo. El otro camino es que la violencia de estos días logre esparcirse por todo el país.