Tras las declaraciones del premier Alberto Otárola Peñaranda, sobre el proyecto de ley de reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas apoyen en la vigilancia de las fronteras, Gabriela Ramos Traverso, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP advierte criminalización y más afectaciones a los migrantes.
Según sostuvo la investigadora, esta medida de militarización de fronteras resulta compleja por la posible aparición de abusos a derechos humanos, principalmente por un uso excesivo o un inadecuado uso de la fuerza.
“El personal militar recibe una preparación para contextos distintos a la acción migratoria”, señaló Gabriela Ramos.
Asimismo, recalcó que la ejecución de esta norma es contraria al principio de la no criminalización de la migración, que puede desembocar en reacciones adversas en la población local. De esta forma, se acentuarían los niveles de discriminación, xenofobia y escenarios de violencia contra la población migrante.
Según la especialista de Derechos Humanos, esta acción del Ejecutivo contribuye a la idea que tienen los peruanos de que la migración incrementa los problemas de seguridad nacional.
“Lo que busca esta reforma, ya no es solo que las Fuerzas Armadas estén durante un estado de emergencia, sino que (…) cumplan funciones de vigilancia y control fronterizo de manera llamemoslo indiscriminada», agregó la investigadora.
La investigadora Gabriela Ramos mencionó que si se tratase de personas que solicitaran asilo, es necesario permitirles el ingreso, para el planteamiento de su solicitud, sin dejar de lado a otros grupos que carezcan de medidas de protección.
Si se llegara a aprobar esta reforma constitucional, el Perú estaría violando algunos compromisos internacionales, como lo es su compromiso en la comisión sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y la Declaración de Cartagena, agregó la investigadora.
Finalmente, Ramos indicó que además de otorgar un asilo migratorio de forma inmediata, se debería implementar evaluaciones respecto a la población que se encuentra en Tacna, para después identificar necesidades particulares en el grupo de migrantes y brindar la protección que se requiera.
