El exadministrador del Consejo de Arbitrajes del Colegio de Ingenieros de Piura, Waldir Sánchez Rangel, consideró que la recusación que presentará la actual gestión de Servando García es una medida extemporal porque con la prisión preventiva, los abogados Fernando Cantuarias y Franz Kundmuller quedan impedidos de dirigir el arbitraje entre el Proyecto Alto Piura y el consorcio Obrainsa Astaldi.
“Se está dando una situación ya de facto, es decir, que al estar privados de su libertad por 18 meses ellos indudablemente se van a ver impedidos de continuar en el ejercicio de la función arbitral”, expresó Sánchez.
Sin embargo, cree que la prisión preventiva en contra de ambos árbitros es un agravante que de todas maneras le servirá al Gobierno regional si es que decide seguir adelante con la medida de recusación.
El especialista explicó que, si sobre uno de los integrantes del Tribunal Arbitral hay dudas sobre su imparcialidad o independencia, la Ley de Arbitrajes permite recusarlo para que se designe a otro. Por ello, considera que la gestión de Reynaldo Hilbck debió pedir el cambio de los abogados cuando empezaron a ser investigados por la Fiscalía desde hace tres años.
Si ambos árbitros ya estaban incluidos en una investigación promovida por el mismo Estado peruano, esto debió ser advertido. “Entonces según mi opinión la gestión pasada [de Reynaldo Hilbck] sí pudo recusar en su debido momento a ambos árbitros”, señaló Sánchez en entrevista con Cutivalú.
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Para Sánchez Rangel la prisión preventiva de año y medio contra los 14 árbitros involucrados en el presunto favorecimiento a Odebrecht, es excesiva porque la investigación viene desde hace tres años, sin que hasta el momento se tenga mayores pruebas más que los testimonios de supuestos colaboradores.
