Hace semanas la Contraloría detectó presuntas irregularidades en la contratación de la vigilancia en el hospital Señor Cautivo, como, por ejemplo, que estos pagos no le corresponden asumir al Gobierno regional. Asimismo, se detectó que las solicitudes de cotización para contratar dicho servicio se tramitaron sin fecha exacta.
Frente a ello, el Gobierno Regional Piura aclaró que en el informe de control N°5805-2020 emitido por la Contraloría no se han considerado la normativa legal vigente por la emergencia del Covid-19 y que permite al GORE hacerse cargo de ciertos servicios en el Hospital Popular Señor Cautivo.
En ese sentido, la Gerencia de Desarrollo Social explicó que la Contraloría solo buscó la adenda y el acta del acuerdo que sostuvo el Gobierno regional con los dueños del hospital cuando habilitó las instalaciones del mencionado establecimiento en atención a los pacientes Covid-19 mientras se prolongue la emergencia.
Asimismo, la Gerencia de Desarrollo Social observa que la Contraloría no consideró el Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que en sus artículos 2 y 5, faculta a los Gobiernos Regionales a tener bajo su jurisdicción a todas las entidades públicas, privadas o mixtas.
“Tanto en el acta como en la adenda del convenio, se acordó que mientras dure el préstamo de las instalaciones del referido centro de salud al Gobierno Regional Piura, este correrá con el pago de la seguridad y limpieza, tal y como se desprende de los indicados documentos, razón por la cual no se pude determinar de manera ligera que se ha realizado pagos indebidos o que no corresponde”, informa la Gerencia de Desarrollo Social.
Por ello, el Gobierno regional de Piura recomienda a la Contraloría corregir las observaciones hechas, sobre todo, porque asegura que el ente de control no le pidió a la gerencia de Desarrollo Social un informe del pago de este servicio.
EL CASO:
Contraloría detectó que Gore pagó 32 mil soles por vigilancia en hospital privado Señor Cautivo
