La presidenta Dina Boluarte y el premier Gustavo Adrianzén anunciaron la promulgación de la ley que restablece la bicameralidad en el Congreso peruano. Esta reforma constitucional, que también marca el retorno de la reelección parlamentaria, fue publicada el día de hoy, miércoles 20 de marzo, en el diario oficial El Peruano.
La ley, que implica modificaciones en 53 artículos de la Constitución, entrará en vigor a partir de las próximas elecciones generales, programadas para el año 2026, según lo estipulado en la primera disposición complementaria final. Esto se da luego de que el Parlamento descartara cualquier propuesta de adelanto de comicios, dejando claro su compromiso con la implementación de estas reformas.
Sin embargo, la reforma no ha estado exenta de polémica. En 2018, cuando se planteó la reinstauración del Senado, cerca del 80% de los electores, equivalente a casi 14 millones de personas, expresaron su rechazo a través del voto. A pesar de ello, el Gobierno ha procedido con la reforma, amparándose en el artículo 206 de la Carta Magna, que prohíbe al Ejecutivo observar este tipo de iniciativas constitucionales.
Cambios en la ley
Entre los cambios más significativos que trae consigo la vuelta a la bicameralidad se encuentra la posibilidad de incrementar el número de senadores y diputados mediante una ley orgánica, en lugar de requerir una reforma constitucional, simplificando así el proceso legislativo con tan solo 66 votos. Además, se han establecido requisitos mínimos para postular al cargo de senador, lo que refuerza el papel de este cuerpo legislativo como un contrapeso al poder de la Cámara de Diputados.
Por otro lado, la reforma también modifica el procedimiento para las acusaciones constitucionales contra altos funcionarios, otorgando al fiscal de la Nación la facultad de evaluar el contenido de estas acusaciones antes de proceder automáticamente con una denuncia penal. Esta medida busca garantizar una mayor transparencia y eficacia en la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental.
A pesar de mantener la posibilidad de que un senador o diputado pueda ocupar el cargo de ministro de Estado, la reforma retira la capacidad de estos parlamentarios para votar en comisiones o en el pleno del Congreso mientras ejercen funciones ejecutivas, asegurando así la independencia y neutralidad del Poder Legislativo.
Con esta ley, el Gobierno busca modernizar y fortalecer las instituciones democráticas del país, promoviendo una mayor representatividad y responsabilidad en el ejercicio del poder legislativo. Sin embargo, queda por ver cómo estas reformas impactarán en el panorama político y social del Perú en los próximos años.
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