La sombra del espionaje y la vigilancia ilegal se cierne sobre la gestión de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tras la revelación de documentos oficiales y reservados del Ministerio Público que evidencian acciones de reglaje y chuponeo contra reconocidos periodistas.
Juan Carlos Tafur, director del portal Sudaca, y César Romero, editor de la sección judicial de La República, fueron los objetivos de vigilancia por orden directa de la fiscal suspendida. Durante el periodo de abril a noviembre del año pasado, se llevaron a cabo seguimientos policiales, videovigilancia en sus hogares, desplazamientos públicos y hasta en sus lugares de trabajo, según los registros obtenidos.
Estas prácticas intrusivas, documentadas en informes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC) y reveladas por Hildebrandt en sus Trece, forman parte de una trama más amplia.
Implicados en espionaje
Esta red, compuesta por jueces y fiscales que presuntamente manipulaban sentencias a cambio de favores políticos o económicos, ejercía su influencia en salas judiciales de Lima y Callao, incluyendo el puerto homónimo.
El entramado llega aún más lejos, evidenciando al menos siete llamadas entre Benavides y Camayo, según registros de DIVIAC, sacados a la luz a principios de este año.
A pesar de ser llevadas a cabo bajo el manto de una investigación en secreto, estas acciones recientes fueron remitidas al tercer despacho del equipo especial ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, bajo la dirección del fiscal Cristhian Alfaro.
Sin embargo, este último decidió archivar el caso el pasado 23 de noviembre, argumentando el riesgo de «criminalizar el ejercicio del derecho a la libertad de información» en una sociedad democrática, tal como han establecido sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La reacción no se hizo esperar: el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) condenó estas acciones, exigiendo una exhaustiva investigación y la imposición de sanciones a los responsables.
En un comunicado oficial, el IPYS subrayó la gravedad de estas órdenes, las cuales directamente atentan contra la labor periodística de fiscalizar el poder político en el ámbito judicial.
Fuente: difusión
