El último viernes 30 de julio fue el Día Mundial contra la Trata de Personas. Según los especialistas, este delito es complejo y en nuestra región se comete ante los ojos indiferentes de una población que ha normalizado que menores de edad acompañen a parroquianos a libar licor o a niños y mujeres siendo explotados laboralmente bajo la fachada de empleadas domésticas.
Según, el coordinador distrital del Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público de Piura, José Luis Velásquez Quesquén, desde enero hasta el 20 de julio se investigan 10 denuncias de trata de personas en la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada, la misma que formalizó el año pasado otros 33 procesos.
Velásquez explicó que, debido a que en la región no se cuenta con fiscalías especializadas en trata de personas, es la Fiscalía de Crimen organizado la que investiga estos casos.
Desaparecidas
En tanto, en la Unidad de Trata de Personas de la División de Investigación Criminal, durante la cuarentena por el COVID-19 se denunciaron 40 desapariciones de menores de edad, de las cuales solo tres fueron por problemas de conducta de los adolescentes.
No obstante, fuentes de esta misma Unidad refirieron que en la mayoría de los casos las menores fueron ubicadas. Sin embargo, no indican la cifra exacta de menores que retornaron a sus hogares.
En paralelo, este departamento policial también ha recibido 15 denuncias por chantaje sexual cibernético, por lo que cinco personas actualmente cumplen prisión preventiva por este delito.
Cifras ocultas
Para el doctor Orlando Urbina Cerqueira, de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada, en la región existen más cifras por el delito de trata de personas, pero estas están ocultas por una falsa normalidad que ha adoptado la población.
“Para muchos pobladores es normal que una adolescente o una joven se siente en una mesa a libar con un parroquiano y por estas actividades les paguen. La explotación laboral también se da en Piura, pero no se denuncia porque está bajo la fachada de la empleada doméstica a la que se le “paga” por sus labores dándole un cuarto y un plato de comida”, refirió el fiscal.
La presidenta de la Junta de Fiscales en Piura, Sofía Milla Meza refirió que se ha detectado que en el distrito de Tambogrande, un número considerable de jovencitas son llevadas contra su voluntad a laborar a los bares y cantinas que hay en el lugar.
“Esto influye porque Tambogrande es uno de los distritos donde se da la minería ilegal, al igual que en Suyo. Allí, muchas jovencitas son trasladas desde otras ciudades como Jaén o la Selva y son obligadas a libar como parte de su trabajo en estos bares. La Fecor tiene casos importantes de trata de personas por lo que se espera que en los próximos días se den resultados en juicios”, dijo Sofía Milla.
Fuente: Correo
