Tras los acontecimientos ocurridos durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023 contra el régimen de Dina Boluarte, los familiares de las víctimas y heridos han decidido unirse en una organización nacional con el propósito de exigir justicia y reparación para aquellos afectados por la violencia durante esos días de agitación social.
Desde esta nueva instancia, hacen un enérgico llamado a todas las víctimas para que se sumen a su causa y denuncien los hechos ocurridos durante las protestas.
Asimismo, solicitan una reunión urgente con el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, para recibir información actualizada sobre las investigaciones fiscales y saber que los responsables sean denunciados antes de que concluya el plazo de investigación fiscal.
Celeridad en investigación
Los familiares y heridos provenientes de diversas regiones del país, incluyendo Ayacucho, Cusco, Puno, La Libertad y Apurímac, entre otras, han expresado su preocupación por la falta de avance en las investigaciones, que hasta ahora han durado más de un año.
Además, aseguran que Luis Valdivia, coordinador del Equipo Especial de Fiscales para casos de Víctimas durante las Protestas Sociales (EFICAVIP), se comprometió a brindar información sobre sus casos. Sin embargo, insisten en hacer seguimiento a los compromisos asumidos.
Raúl Samillán, recientemente, elegido presidente de la organización nacional, enfatizó la necesidad de esta unión.
«Hemos formado una organización nacional porque a más de 1 año las investigaciones no han avanzado. Sabemos que la ex fiscal Patricia Benavides ha puesto muchas trabas. Por esta razón, pedimos una reunión con el Fiscal de la Nación, porque en abril y mayo culmina el plazo para las investigaciones, estamos muy preocupados», aseveró.
Abogados de las víctimas
Por su parte, los abogados de las víctimas, incluyendo a Carlos Rivera del IDL, Henry Mercado, Aroldo Vera y César Quispe, informaron que, aunque ha habido poco avance en más de un año de investigaciones, en los últimos meses el EFICAVIP ha tomado disposiciones importantes.
Han identificado a policías y militares investigados, así como a algunos autores materiales de los hechos. Además, el Ministerio Público está considerando que los actos delictivos responden a órdenes superiores del comando policial y el ejecutivo, calificando los homicidios como graves violaciones a los derechos humanos.
En la carpeta que involucra a Dina Boluarte y Otárola, se ha observado que la mayoría de las víctimas presentan disparos en el tercio superior de los cuerpos, lo que sugiere la posibilidad de que haya habido órdenes para eliminar a los manifestantes.
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