Ex regidores de Castilla, entre ellos el actual rector de la UNP, César Reyes Peña, apelan decisión del Juzgado que los obliga a pagar una indemnización impuesta por el incremento ilegal de dietas.
Una Sala Penal de Piura resolverá la apelación planteada por siete exregidores de la municipalidad de Castilla, entre ellos Reyes Peña, contra la indemnización que les ha impuesto el Cuarto Juzgado Unipersonal de Piura.
Si bien la jueza Luz Espejo, del Cuarto Juzgado Unipersonal de Piura, dio por retirada la acusación por peculado en agravio de la comuna de Castilla y Contraloría de la República, lo que sí consideró es que hubo una infracción administrativa a la Ley de Presupuesto 27879 para el año 2004, que por austeridad prohibía el incremento de dietas.
Por ello se ordenó el pago de una indemnización por S/21,000, que en ejecución de sentencia deberán cancelar José Luis Juárez Litano, Regulo Garabito Barba, Jorge Castillo Cardoza, Ana Adelaida de los Milagros Rodríguez Diéguez, César Augusto Reyes Peña, Abelardo Juárez Calle y Jorge Vidal Zavala Zegarra, a favor de la Contraloría de la República.
Además, dispuso la devolución de S/112,600, que habrían percibido en exceso, a razón de S/16,960, por parte de cada uno de los mencionados, excepto Garabito Barba, quien deberá devolver S/11,200.
Hace unos días, el 23 de enero del 2018, el juzgado resolvió conceder el recurso de apelación presentado por los sentenciados.
Sobre esto, la Unidad de Investigación y Anticorrupción de OCMA ha abierto investigación preliminar y ha requerido copias certificadas de los expedientes para analizar la decisión de conceder la apelación.
De acuerdo con la carpeta fiscal que fue archivado, un informe de Contraloría concluyó que los exregidores de Castilla –incluido el actual rector de la Universidad Nacional de Piura, Cesar Reyes Peña– aprobaron en el período 2003-2004 un incremento indebido de sus dietas en un 20% a partir de abril de 2004. Dicho incremento fue aprobado mediante un acuerdo de concejo municipal del 31 de marzo de 2004.
De esa manera, de abril de 2004 a julio de 2006, se hizo desembolsos presuntamente irregulares que generaron un perjuicio económico al estado de casi S/150,000. Ello pese a que la ley N° 28128, ley de presupuesto para el sector público del año fiscal 2004, entre sus disposiciones de austeridad, prohibía realizar cualquier tipo de aumentos, incluida las dietas. Además, los ex funcionarios recibieron informes de asesoría que precisaba la improcedencia del incremento de sus dietas.
(Fuente: Correo)
