Excongresistas de acuerdo con investigar a Vizcarra, pero no en que sea vacado

Los excongresistas Marisa Glave y Hernando Cevallos están de acuerdo en que el presidente Martín Vizcarra sea investigado por los audios divulgados en su contra, pero rechazan una posible vacancia en medio de una crisis sanitaria y económica a causa de la covid.

Imagen: Punto de encuentro

La excongresista Marisa Glave Remy se mostró de acuerdo en que se investigue al presidente de la República Martín Vizcarra por los audios divulgados en el Congreso en el que se evidenciaría que el mandatario sí conocía los pormenores de la contratación del artista Richard Cineros (Richard Swing) en el Ministerio de Cultura y habría coordinado las respuestas que darían al Ministerio Público. 

Sin embargo, cuestionó que se pretenda vacar al jefe de Estado. “[La vacancia] generaría una remezón institucional en medio de una remezón de salud y económica que se vive en el Perú por la pandemia”, señaló en entrevista con Cutivalú.  

En ese sentido, invocó al Congreso a tener “cabeza fría” para tomar una decisión de esta índole, teniendo en cuenta que un debido proceso de vacancia dura entre tres y cuatro meses, y se daría en medio de un nuevo proceso electoral que se avecina.

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El exparlamentario Hernando Cevallos Flores opinó que detrás de los audios divulgados en el Congreso contra el presidente Martín Vizcarra, hay personas involucradas en actos de corrupción a quienes “les caería muy bien” vacar al mandatario.

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Cevallos Flores se refirió al congresista Edgar Alarcón, presentador de los audios y que actualmente tiene tres investigaciones pendientes con la justicia, que incluso provocaron su destitución como contralor general de la república, en julio de 2017.

El exlegislador espera que Vizcarra “sea investigado siguiendo los procesos que la ley manda”, y que no sea aprovechado por quienes están detrás de estas denuncias.

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Ambos excongresistas también cuestionaron que estos audios hayan sido divulgados el día en que se iba a debatir las reformas políticas, entre ellas la prohibición para que las personas con sentencias en primera instancia no puedan postular, además del financiamiento a los partidos políticos.

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