Por: Henry García Sarca (CIPCA)
Mediante DU N° 033-2020, del 27 de marzo, el gobierno central autorizó la transferencia S/ 213 millones 650 mil a los gobiernos locales, para la adquisición y distribución de productos de primera necesidad, como parte de las medidas para reducir el impacto económico del estado de emergencia por el coronavirus.
En la región Piura, las municipalidades provinciales y distritales recibirán S/ 12 millones 500 mil que deben utilizar para entregar alimentos y otros productos esenciales a “hogares vulnerables con bajos ingresos y que se mantienen a partir de actividades independientes”.
La entrega de los productos tiene que considerar el cumplimiento de las medidas de prevención establecidas para evitar el contagio del coronavirus, recomendándose que preferentemente se realice en la vivienda de cada familia priorizada.
Asimismo, como medida de transparencia, se establece que los gobiernos locales deben publicar, en su página web o en un lugar visible, la relación de personas que recibieron los productos. Esta publicación debe realizarse en un plazo máximo de 15 días calendario luego de culminada la Emergencia Sanitaria.
Esta medida genera una gran oportunidad para dinamizar la economía local, a partir de comprar a los pequeños productores y productoras o comerciantes de sus localidades, pero supone un reto para el establecimiento de criterios que permitan definir las familias que recibirán los productos y evitar duplicidades con otras medidas como la del bono de S/ 380.00.
También supone ir más allá de la información que provee el SISFOH, se trata de identificar a las familias que paran la olla en el día a día y debido a las restricciones establecidas han reducido sus posibilidades de hacerlo.
También supone un reto para la vigilancia ciudadana, más en este contexto, pues existen riesgos como el manejo político de la ayuda, la colusión con proveedores, los sobreprecios, que los productos que se compren no sean esenciales o, en el peor de los casos, que no compren nada. Nos plantea también un ejercicio de responsabilidad y solidaridad con quienes menos tienen, permitiendo y exigiendo que quienes reciban los productos sean los que realmente lo necesitan.
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Esta es una excelente oportunidad de revalorar al productor agropecuario, comprandoles directamente, evitando a los intermediarios (que casi siempre se llevan la mayor ganancia) y pagándoles el precio justo. Y sobretodo, evitando negocios bajo la mesa. Y ojalá, Contraloría funcione con honestidad.