¡Indignante! Con falsas acusaciones y gritos terminó una audiencia entre embajadores de Perú y los familiares de las víctimas muertas en protestas, durante una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La audiencia se realizaba con normalidad, donde los deudos de los fallecidos en las protestas contra Dina Boluarte y los funcionarios del Estado peruano exponía sus argumentos.
En su intervención, el hermano del fallecido Marco Samillán, expuso que “el Estado es el principal actor de discriminación”, manifestando que ha ocasionado la mayor polarización, al punto de acusarlos de terroristas.
“Estigmatizándonos de terroristas, de ponchos tojos, de vándalos, de delincuentes, sin prueba alguna, porque ninguno de los asesinados tiene algún antecedente. Son personas de una vida impecable. (…) Denunciamos que el Estado peruano no ha realizado ningún esfuerzo por cumplir estas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo el hermano de Marco Samillán.
Pero, lo que exacerbó los ánimos de los presentes fue la declaración del embajador del Perú, Gustavo Adrianzén. Éste, señaló que la intervención de la CIDH sólo ha otorgado “beneficios” a terroristas.
“Nuestra férrea decisión con los compromisos internacionales (…), [pero] algunas decisiones de vuestra comisión, que no estamos de acuerdo, han significado la concesión de beneficios a líderes de movimientos terroristas”, dijo Gustavo Adrianzén, embajador del Perú ante la OEA.
Esto hizo reaccionar a los familiares de las víctimas, quienes calificaron de “mentiras” las declaraciones del embajador Adrianzén. Sin embargo, la tensión explotó cuando Gustavo Adrianzén acusó a los presentes de ser ellos los violentos.
“Ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes, presidenta”, dijo a voz en cuello el embajador, acusando a los deudos ante la presidenta de la comisión investigadora, quien tuvo que solicitar la presencia de la seguridad para retomar la calma de la audiencia.
El viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Luigino Pilotto, también participó de esta sesión, señalando que “no existe ni ha existido política de gobierno tendiente a vulnerar los derechos humanos”.
“Este gobierno tiene, como pauta elemental, el respeto irrestricto y la difusión de los derechos humanos en el país. Las investigaciones son realizadas por organismos constitucionalmente autónomos, sin interferencias por parte del gobierno”, argumentó el viceministro de Justicia y Derechos Humanos.
Por: Oscar Altamirano
