Informe: Marisol Bobadilla
El Gobierno emitió el Decreto Supremo Nº 179-2021-PCM que dispone la obligación de presentar el carné físico o virtual de vacunación contra la covid-19 en espacios cerrados desde el 10 de diciembre. La medida alcanza a las personas mayores de 18 años que deseen ingresar a los locales donde se desarrollan actividades económicas y de culto. Sin embargo, un grupo de personas rechazan esta disposición.
El especialista en derecho administrativo de la Universidad de Piura (Udep), Guillermo Chang Chuyes, indicó a Cutivalú que la Ley General de Salud N° 26842 vigente desde el año 1997, establece que en las pandemias la vacunación y revacunación es obligatoria, salvo excepciones de salud.
“Sólo por razones médicas o biológicas podrá establecerse excepciones a la vacunación y revacunación obligatorias, establecida por la Autoridad de Salud de nivel nacional”, se lee en el artículo 80 de dicha ley.
Sin embargo, el especialista advierte una aparente contradicción con la Ley N° 31091 dada en el Gobierno del expresidente Francisco Sagasti que establece que la aplicación del fármaco es voluntaria.
“La presente ley tiene por objeto garantizar el acceso libre y voluntario a la población en general al tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV-2, así como de otras enfermedades que dan origen a emergencias sanitarias nacionales y otras pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud”, según se lee el artículo 1 de la ley emitida el año pasado.
Chang Chuyes opinó que aquellas personas que se niegan a vacunarse, pero aún así exigen ingresar a los locales públicos deben recordar que la libertad de una persona termina donde empieza la de los demás.
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Sobre la contradicción de las leyes, el decano del Colegio de Abogados de Piura, Martín Castillo Nizama, manifestó que existe un principio del derecho doctrinal que señala claramente que “el derecho de una persona termina cuando empieza el derecho de las otras personas”. En este caso señala que las personas tienen el derecho de no vacunarse, sin embargo esto no debe discrepar con el derecho a la salud y a la vida de los demás.
Castillo explicó que los establecimientos al solicitar el carnet de vacunación de acuerdo a lo dispuesto por las autoridades, están cuidando de la salud pública que tiene mayor peso que el derecho individual.
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Consultado sobre el mismo tema, el especialista en Salud Pública, Julio Barrena Dioses, manifestó que en un estado de Emergencia los derechos son restringidos porque hay un problema de salud pública. Además señala que existen normas como la del acceso con carnet de vacunación en locales cerrados que amparan a las personas que están vacunadas para evitar que entren en riesgo.
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El especialista advirtió que es importante vacunarse contra la COVID-19 debido a que 8 de cada 10 personas que se encuentran hospitalizadas o en una cama Uci tienen aplicada solo una vacuna o ninguna.
Dato: Del 9 al 12 de diciembre se han aplicado cerca de 90 mil vacunas en la región Piura, donde la cobertura de primeras dosis supera el 86% y en segundas dosis el 72%.
Perú: 9 de cada 10 fallecidos por Covid en los últimos meses no tenían ninguna dosis de la vacuna
