El Estado confiscó un millón de metros cuadrados en la zona de Puerto Rico y 34 mil hectáreas en el Estuario de Virrilá para promover la inversión privada.

Así lo dio a conocer la Supereminencia Nacional de Bienes a través de la emisión de dos resoluciones, donde se da a conocer que dichas tierras que le pertenecían a la Comunidad Campesina de Sechura pasaron a ser propiedad del Estado.

 Esto ha generado la indignación de los comuneros y comuneras, quienes rechazan que el estado haya confiscado dichas tierras para vendérselas a las empresas privadas.

El presidente de la Asociación Lideres del Desierto, Pablo Martínez Morales, señaló que se reunirá con los delegados comunales para exigirle al presidente comunal, Francisco Ayala, que emita un pronunciamiento oponiéndose a dicha confiscación.