En el Perú se está preparando una dictadura. Un gobierno autocrático, disfrazado de democracia. Una forma de gobierno no similar, pero sí fundada en la experiencia tenida en los años 90, con la dictadura de Alberto Fujimori. Keiko Fujimori y sus aliados Cesar Acuña, José Luna Gálvez, Vladimir Cerrón, Raúl Diez Canseco y otros de la derecha fascista, cuyos partidos tienen hoy el dominio del Congreso de la República, están acomodando las condiciones institucionales para fraguar una victoria fraudulenta a favor de la señora K, la señora Keiko Fujimori.
Este Congreso, con todas las reformas constitucionales que ha hecho sin consultar nada a la ciudadanía, está preparando al país, para que, en la tarde del día de las elecciones próximas, al cierre de la jornada, corra el titular en todos aquellos medios de comunicación amarillos: “Ganó Keiko en primera vuelta”.
Esto no es nuevo para el Fujimorismo ni para el Perú. Ya lo vivimos el año 2000, cuando se proclamó la victoria de Alberto Fujimori como presidente por tercer periodo, periodo que no le correspondía ni constitucionalmente y ni por apoyo de la ciudadanía. No tenía el apoyo real de la ciudadanía. Para ese fraude, acomodaron a funcionarios sumisos al fujimorismo en instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, en la ONPE, en el Tribunal Constitucional, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. La victoria fraudulenta fue proclamada inescrupulosamente por todos aquellos funcionarios sumisos al fujimorismo. Sabemos que esta historia no terminó bien. El dictador ni siquiera tuvo la hidalguía de renunciar en el Perú. Lo hizo por fax, desde Japón.
Algunos elementos del contexto político actual que avizoran un posible escenario como el descrito.
En primer lugar, las instituciones democráticas y garantes del Estado de derecho peruano han sido desmontadas y copadas una a una, a través del Congreso de la República. Primero, tomaron el Ministerio Público donde pusieron a Patricia Benavides. Esta Fiscal era la apuesta para dar impunidad a todos y todas las denunciadas por actos de corrupción en este gobierno y los anteriores.
Luego, sacaron a Pedro Castillo del Poder Ejecutivo, donde había que poner a alguien manipulable. Dina Boluarte fue la elegida. Un personaje sin principios morales ni políticos. Esta vez, a diferencia de Vizcarra en el 2017, la figura no se les torció. Pues la tienen asegurada, sobre todo porque Dina Boluarte lleva sobre sus hombros 50 muertos de las movilizaciones sociales que las tiene que pagar con la cárcel.
Seguidamente, tomaron la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, cuyos funcionarios hoy están al servicio del Fujimorismo. Con su silencio y apoyo de estos funcionarios, este Congreso ha hecho contrarreformas constitucionales a su medida, sin la participación de la sociedad civil ni de la ciudadana.
Demás está enumerar todas esas contrarreformas aquí. Basta con decir que aquellas reformas políticas constitucionales realizadas a través del referéndum del 2018, con amplia participación de la ciudadanía peruana, han sido desmontadas por este Congreso, cuya legitimidad es de 5%.
Posteriormente, han ido por la Junta Nacional de Justicia, pues esta institución judicial autónoma no se ha subordinado a sus planes. La han destruido. Hoy están detrás del Jurado Nacional de Elecciones y de la ONPE. Están maquinando para que el Congreso sea la entidad que pone las autoridades, tanto electorales como judiciales. Obviamente, su perversa intención es que sean los partidos políticos que hoy tienen el poder, los que pongan a los y las siguientes gobernantes.
Si estas contrarreformas políticas prosperan, el Perú tendrá al gato cuidando la despensa. Asimismo, este Congreso está anulando a los movimientos regionales, está eliminando la paridad de género para las autoridades políticas, ha incrementado el número de congresistas para el siguiente gobierno. Dado que tienen la seguridad de que serán elegidos y elegidas, al futuro Congreso o Cámara de Senadores le están dando mucho poder sobre todos los otros poderes del estado, eliminado así el equilibrio de poderes que aseguran la democracia.
En segundo lugar, este Congreso parece tener la tarea de eliminar a todos los potenciales contendores y contadoras de Keiko y a otras organizaciones defensoras de derechos humanos. ¿Por qué tomar ese camino? Porque, democráticamente, Keiko Fujimori no podrá ganar ninguna elección. Ya lleva dos procesos electorales en los cuales va perdiendo. Incluso prometió retirarse.
Pero la angurria de poder no se le pasa. Piensa ganar de otra manera. Haciendo trampa en las instituciones, eliminado a todo potencial contendor y toda crítica contra sus actos. Ese explica las múltiples denuncias constitucionales e inhabilitaciones constitucionales contra diversos políticos y políticas del país. Keiko Fujimori quiere ser la única candidata a la presidencia. Es su sueño, su psicopático anhelo. Tal vez así gane. Por eso, hay que eliminar usando figuras legales a todos y todas otras contendoras, incluso al panetón, que puede ganarle en las siguientes elecciones.
A esto suma la criminalización de organizaciones defensoras de derechos humanos y promotoras de desarrollo social en el Perú. Criminalizar a las ONGs significa ponerlas bajo su poder. Callarlas para que no denuncien las violaciones de derechos humanos en el Perú. De igual manera que lo mencionado arriba, si todo esto prospera, seguramente tendremos a Keiko Fujimori siendo proclamada presidenta, ya sea en el 2025 o 2026.
Finalmente, quiero decir, que estas condiciones no son fantasías. En primer lugar, los hechos mencionados aquí ya han ocurrido en la coyuntura política del Perú en los últimos 18 meses. En segundo lugar, ha pasado en actuales gobiernos de otros países como Venezuela, Nicaragua, el Salvador. El Perú está siguiendo la misma ruta. Por eso, señor ciudadano y señora ciudadana, es Ud. quien votará, quien elegirá en las siguientes elecciones. Dependerá de la ciudadanía dejar que ocurra una vez más una dictadura. Podemos pararlo.
(Wilmer Fernández Ramírez, 10 de junio de 2024)
