Hasta el jueves 25 de abril millones de peruanos y peruanas pensábamos, con esperanza, que los ataques a la Junta Nacional de Justicia habían terminado definitivamente con la medida cautelar dada por el Poder Judicial en favor de los miembros de dicha institución que fueron inhabilitados inconstitucionalmente por el Congreso: Aldo Vásquez e Inés Tello.
El Poder Judicial los reponía porque el Congreso había realizado un acto inconstitucional al inhabilitarlos. Ambos miembros de la JNJ son reconocidos por la sociedad civil por su honorabilidad ética.
Con esa decisión del Poder Judicial los y las peruanas pensábamos que era tiempo de que la JNJ se pusieran a resolver todos los casos pendientes respecto a los jueces y fiscales corruptos, entre los cuales se halla el caso de la suspendida fiscal Patricia Benavides.
Pensábamos que la justicia esta vez había tenido una gran victoria en el entramado de la corrupción en la que se encuentran los tres poderes del Estado peruano. No fue así. La corrupción actuó, puesto que tiene sus propias redes.
En efecto, el jueves 25 de abril el Tribunal Constitucional, esa institución que debe cuidar que se cumpla la Constitución, anunció la insólita decisión anticonstitucional de reestablecer la inhabilitación de los magistrados hasta que la Corte Suprema resuelva la apelación presentada por el Congreso. Una decisión que supera la realidad jurídica en el Perú.
Una decisión que da el mensaje que los peruanos y peruanas estamos desamparados de la justicia. ¿Qué más podemos esperar? ¿Si el máximo tribunal que debe protegernos en el marco de la Constitución Política, que debe hacerla cumplir en bien del país, se surra esa Constitución con la única finalidad de favorecer a una fiscal corrupta y a sus amigos? ¿Qué podemos esperar ya del Estado Peruano?
Con esa decisión el pueblo peruano queda a merced de un Congreso, en el cual más de 40 congresistas tiene procesos judiciales, la presidenta de la República y varios de sus exministros y ministros tienen procesos judiciales, y varios fiscales y jueces están con procesos judiciales. Todos por actos de corrupción.
Es evidente que la Junta Nacional de Justicia ha ido petardeada por los tres poderes del Estado: por el Congreso, por el Poder Ejecutivo, y por algunos fiscales y jueces que son parte de la red criminal que gobierna hoy el Estado peruano.
Toda esa mafia conformada por políticos y políticas corruptas, cuyo pacto es protegerse de los peruanos y peruanas, de la ciudadanía, y para ayudarse mutuamente a quedarse hasta el 2026.
Hoy en el Estado peruano hay una cacería de funcionarios y funcionarias honestos, de aquellos que ponen en riesgo los intereses de la mafia. ¿Y no va a ser? Para ello pusieron un defensor del pueblo que es mudo frente a las violaciones de derechos humanos, un Tribunal Constitucional, que aprueba toda medida que favorece la permanencia de la red criminal que gobierna el país, jueces y fiscales que los protegen y buscan minar el trabajo de otros fiscales honestos.
Muchos peruanos y peruanas antes de caer en el pesimismo, tenemos la esperanza de que este acto no quedará impune. Ya se ha hecho pública información de que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, se habría coludido con la exfiscal Patricia Benavides para salvarla de su situación criminal.
Asimismo, algunos colegios de abogados provincianos y regionales se han pronunciado en contra de tal medida, pues viola independencia del poder Judicial.
Seguramente en el transcurso de los días se ira escuchando más voces de la sociedad civil y de la ciudadanía contra ese desmantelamiento de la Junta Nacional de Justicia. El Perú no quiere que Patricia Benavides vuelva a la fiscalía. Sería el peor desastre para el país. El Tribunal Constitucional esta vez ha cruzado la línea roja.
