La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 119 mil 520 por el otorgamiento irregular de una bonificación extraordinaria al personal administrativo de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, debido a que este beneficio se pagó al margen de la normativa establecida. Dos funcionarios tienen presunta responsabilidad civil y administrativa.
Según el Informe de Control Específico N° 008-2021-2-4529-SCE, la Comisión Auditora advirtió que en el periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2020, la Diresa Piura otorgó una bonificación extraordinaria de S/ 720 a favor del personal administrativo, según los alcances del Decreto de Urgencia N° 026-2020; sin embargo, se evidenció que fueron incluidos trabajadores cuyas labores no se enmarcaban dentro de los criterios establecidos para tal fin, es decir, vinculados a la prestación de servicios de alerta y respuesta por la existencia del nuevo coronavirus conforme a ley.
Según los dispositivos legales, el beneficio no correspondía a personal de salud que ocupa cargos de confianza o directivo y aquellos que realizan actividades de carácter administrativo, a excepción de trabajadores que efectúan vigilancia epidemiológica.
Pese a ello, los responsables de la Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos no verificaron que el personal incluido en las listas nominales haya cumplido con lo establecido en la norma. Asimismo, el otorgamiento de esta bonificación extraordinaria sólo correspondía al personal que laboraba de manera presencial.
Tampoco se emitió una resolución para la aprobación de los beneficiarios, cuya lista nominal debía remitirse al Ministerio de Salud para sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la transferencia de partidas.
Los resultados del informe fueron comunicados al director regional salud de Piura, José Nizama Elías, para que evalúe las recomendaciones formuladas, como disponer el deslinde de responsabilidad administrativa de dos funcionarios comprendidos en estos hechos. También se ha puesto de conocimiento al Procurador Público de la Contraloría para el inicio de acciones legales contra las personas involucradas.
