Dina Boluarte: según Contraloría vicepresidenta habría cometido una infracción constitucional

Un informe de la Contraloría General de la República remitido el último viernes 20 de mayo al Congreso de la República da cuenta sobre una presunta infracción constitucional cometida por parte de la primera vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Este documento también habría sido enviado a la miembro del Ejecutivo.

El informe advierte una presunta infracción del artículo n.° 126 de la Constitución Política del Perú, el cual señala lo siguiente: “Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. (…) Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

Dina Boluarte es acusada de Ejercer labores en ámbito privado cuando ya pertenecía al sector público, como ministra del Midis. Foto: Presidencia

En concreto, se acusa a Dina Boluarte de haber intervenido en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac mientras ostentaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Esto representaría –según informe de la Contraloría– una infracción a la Constitución por realizar labores externas en el ámbito privado mientras era una funcionaria pública.

Presunta infracción constitucional se verá en el Congreso

Ante este informe sobre una presunta vulneración al artículo n.° 126 de la Constitución, el Consejo Directivo del Congreso de la República habría tomado la decisión de reunirse este lunes a las 11 de la mañana para evaluar el tema, el cual ya no sería tratado en Junta de Portavoces.

Ante lo ocurrido, el Parlamento podría decidir denuncia esta presunta violación a la carta magna ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucional. De aprobar un informe a favor de una sanción y de ser ratificada ante el Pleno, Dina Boluarte podría ser destituida del cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Dina Boluarte pidió licencia a asociación privada Club Departamental Apurímac. Foto: documento

Boluarte niega haber cometido infracción constitucional

Boluarte respondió al informe de la Contraloría General de la República enviado al Congreso y descartó haber infringido el artículo 126 de la Carta Magna, pues aseguró que pidió licencia a la Asociación Departamental Club Apurímac y a la Asociación de Clubes Departamentales del Perú.

Comunicado emitido por la ministra Dina Boluarte. Foto: Dina Boluarte / Twitter.

“Lamento profundamente que a propósito de mi ausencia, en el país se estén levantando argumentos sin fundamento legal alguno”, dice el documento.

¿Quiénes son los familiares de Dina Boluarte involucrados?

Asimismo, la Contraloría mencionó que Dina Boluarte no consignó a dos familiares suyos. Estos, de acuerdo al informe de la entidad, son su hermano Wigberto Boluarte y su cuñado Alfredo Pezo Paredes. Ambos fueron contratados por el Estado recibiendo sueldos que sumarían más de S/ 50.000.

En el caso de Wigberto Boluarte Zegarra, la Contraloría precisó que la también ministra “no consignó su lugar de trabajo” en su declaración jurada de intereses y solo puso que era “abogado independiente”. No obstante, se encontró que, el 4 de agosto de 2021, fue designado en el cargo de ‘Asesor I’ del despacho de la alcaldía de la Municipalidad de Pueblo Libre, bajo la modalidad de Régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

Por su parte, Alfredo Pezo Paredes, esposo de René Boluarte Zegarra, hermana de Dina Boluarte, recibió un pago de S./ 7 360 soles el 25 de enero de 2022, por parte de la ‘Contraloría-Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades’, correspondiente a una orden de servicio de setiembre de 2021. Es así que el cuñado de la vicepresidenta fue contratado como docente para la Maestría en Control Gubernamental de la Escuela Nacional de Control.

Finalmente, el órgano de control determinó que, en el caso de los dos familiares de Dina Boluarte, “no se ha identificado todos los elementos constitutivos” de un presunto conflicto de intereses real. Sin embargo, “dicha situación configura un conflicto de intereses potencial, por lo que se deben adoptar medidas preventivas”.

Fuente: La República

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