A 11 días de que el Pleno del Congreso de la República diera un duro golpe en la lucha contra la corrupción al debilitar el proceso especial de colaboración eficaz, la presidenta Dina Boluarte no se ha pronunciado ni ha fijado una posición a favor o en contra de la pretensión del Parlamento. Juristas e instituciones han advertido que establecer un plazo de 8 meses para concretar un acuerdo pone en riesgo casos emblemáticos como el caso Lava Jato.
La posición de la mandataria es de suma importancia toda vez que es la única autoridad con la facultad de observar la norma y plantear objeciones al texto aprobado por la representación nacional con 84 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.
Así lo dispone el artículo 108 de la Constitución: “Si el presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término de 15 días”.
De acuerdo con el expediente virtual del proyecto que limita la colaboración eficaz, la autógrafa aún no ha sido remitida al Poder Ejecutivo para su respectiva evaluación. Sin embargo, ministros de Estado han sido consultados al respecto.
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, fue el primer funcionario del Gobierno en pronunciarse sobre la norma que desbarata la colaboración eficaz. No obstante, no marcó posición.
“Vamos a verla. Nosotros lo hemos dicho, vamos a respaldar todas las medidas que refuercen la lucha contra la corrupción porque esa es una de las banderas de la presidenta Boluarte. Entonces, vamos a estudiarla y pronunciarnos en su oportunidad”, dijo Otárola desde el Vraem.
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