La posible derogación de la reciente modificación a la Ley Forestal dependerá de la atención que presten el Poder Judicial (PJ) y el Tribunal Constitucional (TC) a la demanda de amparo presentada por comunidades indígenas y a la demanda inconstitucional interpuesta por un colegio de profesionales.
Luque instó a ambas instituciones a considerar los precedentes existentes en cuanto al derecho de las poblaciones indígenas y los derechos ambientales.
Según la parlamentaria, la modificación legislativa busca favorecer la deforestación, carece de seguridad jurídica para los territorios indígenas y desprotege a estas comunidades.
“Nosotros expusimos algunas reconsideraciones que considerábamos podía generar una modificación sin mayor rigurosidad. Se desconoce que actualmente nuestro país enfrenta un grave problema de deforestación, tala ilegal y crecimiento de economías ilegales en varios, especialmente en la amazonía y zona central; y han ocasionado el asesinato de 33 de líderes indígenas”, explicó Luque.
Asimismo, espera que los congresistas que han avalado este grave retroceso, revalúen la decisión que han tomado, pues las poblaciones indígenas están cuestionando que no se ha respetado su derecho a la consulta previa.
“La ley forestal y de fauna silvestre fue la única ley que fue consultada a los pueblos indígenas porque tenía implicancias directas sobre sus territorios. Entonces es el colmo que el Congreso de la República haya generado la exoneración de este derecho fundamental”, expresó.
La ONU se pronuncia
Las preocupaciones sobre la reforma a la legislación forestal y de fauna silvestre en Perú también han llegado a la atención de la ONU. Francisco Calí Tzay, relator especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, advirtió que estas reformas podrían legalizar el despojo de tierras de los pueblos indígenas, amenazando su supervivencia física y cultural.
Calí Tzay señaló que la ley podría afectar negativamente los territorios ancestrales de los pueblos indígenas en la Amazonía peruana.
Añadió que la creación de áreas de exclusión propuesta por la norma podría generar impunidad frente a crímenes como la tala ilegal y el cambio de uso de suelo, debilitando la lucha contra la deforestación y agravando la crisis climática actual.
Por: Diana Sandoval
