La comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos se encuentra a la espera de la sentencia de la Corte de Justicia de Piura donde se determine si serán desalojados o no de sus tierras tras las denuncias interpuestas por las empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana que buscan arrebatarles las tierras comunales.
Como se recuerda, el pasado 11 de noviembre, la Primera Sala Civil de Piura, conformada por los jueces Alegría Hidalgo, Gonzáles Zuloeta y Sarmiento Rojas, decidieron estudiar la apelación que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), presentó tras la sentencia en primera instancia dictada por la jueza Iris Soledad Suárez Lozada del Juzgado Transitorio de Catacaos, quien declaró fundada la demanda de la empresa San Juan Bautista (hoy Agrícola San José) para desalojar a los comuneros.
La abogada de la CNDDHH, Paola Quispe Peña, que se encuentra a cargo de la defensa de los comuneros de Catacaos, remarcó que si el Poder Judicial falla, en segunda instancia, a favor de las empresas vinculadas al Sodalicio, se desalojaría a más de 2 mil comuneros de Catacaos.
“Consideramos que no hay unanimidad porque hasta el momento no se ha emitido ningún fallo pese a que ha transcurrido más de un mes. Son 10 personas las que figuran en la denuncia de desalojo, pero cada una de esas personas tienen hijos, nietos, familia, por ello, serían aproximadamente más de 2 mil personas las afectadas que se irían con todas sus pertenencias, su ganado, dejar su vida para empezar de nuevo en otro lado”, enfatizó Quispe en declaraciones a Cutivalú.
Quispe Peña manifestó su expectativa ante el fallo esperado y aseguró que de ser en contra de los comuneros acudirán a una tercera instancia, en este caso, la Corte Suprema de Justicia porque considerar que se han vulnerado los derechos de la comunidad campesina.
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La abogada a cargo de la defensa de los comuneros de Catacaos señaló que hasta el momento no hay fecha definitiva para la lectura de fallo de apelación, por lo que temen que se dé durante las fiestas de fin de año.
Comuneros piden justicia
Por su parte, los comuneros de Catacaos que podrían ser desalojados de las tierras donde han vivido toda su vida se sienten invisibilizados por parte de las autoridades, tal como lo señala el comunero Luis Inga Sandoval. “Esta es una comunidad integrada por ganaderos y campesinos, son más de 200 familias aquí, quizá el Poder Judicial ni la empresa los ve pero quieren despojarnos de una tierra comunal que se adquirió desde hace muchos años”, remarcó.
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Otra de las comuneras afectadas, María Maza Flores, manifestó que esta tierra heredada por sus padres es el sustento de su familia, sin embargo, tras la lucha contra las empresas vinculadas al Sodalicio, deben vivir atemorizados por los constantes atentados de los que son víctimas.
“Mayormente estamos encerrados porque las empresas están alrededor, ya no tenemos la libertad de caminar sin miedo porque hemos sufrido atentados cuando salimos. Sería injusto que el Poder Judicial les de [a las empresas] nuestras tierras porque nosotros vivimos años aquí, desde el primer hermano que nació y eso que yo soy la última con 28 años de 8 hermanos, no pueden venir de la noche a la mañana a decir que son sus tierras”, enfatizó la comunera.
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Grave problema social
Este conflicto de tierras ha dejado como resultado, dos comuneros de Catacaos asesinados, siete heridos y otros 39 denunciados, según la Unidad de protección de defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), institución que desde el 2014 brinda acompañamiento legal a la comunidad.
La directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador Tozzini, considera que esta lucha de los comuneros de Catacaos frente a las empresas vinculadas al Sodalicio es desproporcionada y desigual.
Dador Tozzini remarcó que si los comuneros son desalojados, se iniciaría un problema social en la región pues “qué ocurriría con estos comuneros que ya no pueden estar en sus tierras para producir y estarían en la miseria en medio de la calle”, sostuvo.
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