Diferentes organizaciones sociales, entre gremios de trabajadores e instituciones que defienden los derechos humanos, denunciaron constitucionalmente a los congresistas que aprobaron las acusaciones constitucionales contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Estos son los miembros de Fuerza Popular en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente, quienes sin el respaldo de ninguna otra bancada declararon admisible y delegaron un plazo de 15 días para realizar las investigaciones.
Los denunciantes
Los denunciantes son la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Asociación Nacional de Centros (ANC), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Foro Salud y el Colegio de Sociólogos del Perú, según informa la agencia Andina.
“El país enfrenta la crisis institucional más grave ocurrida desde el retorno a la democracia, que afecta al Poder Ejecutivo, a los poderes constitucionalmente autónomos, como el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público; así como a quienes se manifiestan contrarios a la mayoría del Congreso», declaró Jorge Bracamonte, representante de la CNDDHH.
Las acusaciones que emprende el Congreso contra el titular del Ministerio Público, y que solo el fujimorismo respalda con su mayoría, son los formulados por los congresistas Daniel Salaverry (Fuerza Popular) y Yeni Vilcatoma (no agrupada).
Gerónimo López, secretario general del CGTP, opinó en esta línea que, desde su perspectiva, hay una “dictadura parlamentaria” de la bancada mayoritaria del Parlamento. Esta actúa, según dijo, movido por sus intereses propios y obstaculiza las investigaciones contra miembros de su agrupación.
Cargos imputados
La denuncia constitucional de las organizaciones mencionadas atribuye a los fujimoristas haber contravenido la Constitución al intervenir en una causa que se encuentra en proceso, también por contravenir el principio de separación de poderes. Esta acusación alcanza, por defecto, a Salaverry y Vilcatoma
Tomado de La República
