La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó – el pasado 29 de marzo – una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el contralor general Nelson Shack por los delitos de negociación incompatible y nombramiento indebido, ante designaciones ilegales en Ica y Moquegua. La acusación fue dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva de Parlamento, María del Carmen Alva.
“Interpongo denuncia constitucional contra el contralor general de la República, Nelson Eduardo Shack Yalta, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado, en el que habría incurrido durante el ejercicio de sus funciones”, se puede leer en la denuncia.
Según se expone en el documento, Nelson Shack habría incurrido en la presunta comisión del delito de nombramiento ilegal, por haber designado a Jackelin del Pilar Mellado Alania y Roy Cristian Vega Chung, como gerentes regionales de control de la Contraloría General de la República de Moquegua e Ica, respectivamente, a pesar de no contar con los requisitos legales exigidos por ley.
Perú Libre también denuncia constitucionalmente al contralor
El último 19 de marzo, la congresista Margot Palacios de Perú Libre presentó una denuncia constitucional contra el contralor Nelson Shack por no convocar oportunamente a concurso para seleccionar a la empresa auditora de Petroperú. La oficialista lo acusa por infracción a la Constitución, falta grave a los deberes funcionales y delitos cometidos por funcionarios públicos.
Por su parte, la Contraloría de República anunció que puso en marcha una nueva convocatoria de concurso público de empresas auditoras para revisar los estados financieros de Petroperú. Según precisó, el concurso público fue convocado el 14 de marzo.
La Contraloría responde
Desde la Contraloría General, señalaron que la denuncia constitucional suscrita por la ex fiscal de la Nación a pocas horas de dejar el cargo, y después de tenerla en su despacho durante más de tres años, carece de todo sustento jurídico.
La denuncia recoge un pedido presentado por un ciudadano que fue desestimada en su momento por el Congreso de la República, cuya Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la declaró improcedente. La fiscal habría obviado que, de haberse dado alguna omisión, se tratarían de situaciones del ámbito administrativo, mas no penal como se ha presentado.
Sin perjuicio de lo señalado, nos indicaron que el Contralor General está llano a participar de las diligencias pertinentes para explicar los hechos mal informados por la fiscal.
