Hoy jueves se inició en Piura la inscripción para el Registro nacional de víctimas de esterilizaciones forzadas practicadas entre los años 1995 al 2001.
El objetivo es registrar de manera voluntaria a las mujeres y varones víctimas de las esterilizaciones que se realizaron con engaños o sin su consentimiento, durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Jessenia Casani, Directora de Demus, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, informó de la campaña “Somos 2074 y muchas más”, que busca generar movilización de la ciudadanía en solidaridad con las personas afectadas por esterilización forzada.
Explicó que el nombre de la campaña se debe al proceso que involucra a 2 mil 74 víctimas y que el Ministerio Público investiga desde hace 14 años sin emitir hasta la fecha un pronunciamiento oficial.
Lamentó que a pesar de existir indicios suficientes sobre la política de esterilización forzada, la fiscal haya ampliado a 150 más esta investigación.
Mencionó el Decreto Supremo N°006-2015-JUS, en el cual se declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilización forzada y se crea el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada (REVIESFO).
Yessenia Casani recordó que desde hoy en Piura las personas afectadas por esterilizaciones forzadas en el periodo 1995-2001 podrán acercarse a las oficinas de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes son responsables del REVIESFO.
Dichas oficinas están ubicadas en la avenida Sánchez Cerro 1226 Cercado de Piura y atenderán de 8 am a 4 pm.
Recordó que durante la década de los 90’s se realizaron más de 300 mil esterilizaciones, de las cuales se busca determinar cuáles se realizaron con engaños y sin el consentimiento de las personas.
Uno de los casos emblemáticos de la región Piura que serán registrados es el de la Señora Celia Ramos, mujer fallecida producto de la esterilización forzada a la cual fue sometida haciéndose uso de engaños y bajo amenazas de denuncia hacia ella y su familia.
Asimismo, Jessenia Cassani insiste en que el Estado debe implementar a la brevedad una política de reparación integral para las víctimas de esterilización forzada, pues aún las secuelas y los impactos de esta violencia en los diferentes aspectos de sus vidas no han sido atendidos.
