La Contraloría General de la República presentó el estudio “Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú”, donde revela las pérdidas económicas durante el 2019 como resultado de los actos de corrupción cometidos en las diferentes instituciones del Estado.
El estudio revela una pérdida global por más de S/23 mil millones no solo por hechos de corrupción sino también por la omisión de funciones de las autoridades y funcionarios.
El contralor general Nelson Shack, durante la presentación del informe realizada esta mañana, indicó que las regiones con mayor perjuicio por corrupción en 2019 son Lima (S/10 359 millones), y Callao (S/1132 millones). La región Piura aparece en el tercer lugar con 1 039 millones de soles, les sigue Arequipa (S/966 millones) y Áncash (S/804 millones).
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Del mismo modo los sectores más afectados son Transporte y Comunicaciones, Salud y Educación.
Por nivel de gasto, el mayor perjuicio se registra a nivel del gobierno nacional, con S/ 13 670 737 714 (debido a que concentra más presupuesto público), mientras que el perjuicio a nivel subnacional es de S/ 9 626 298 968.
Shack sostuvo que la corrupción en el Estado siempre ocurre como parte de la operación de una organización. ”En el Estado nadie puede robar solo. Necesitan de la ayuda y confabulación de más actores y seguir todos los procesos públicos saltando las normas y beneficiando a particulares”, expresó.
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Por ello pidió al Congreso de la República priorice el debate sobre una ley para romper el triángulo colusorio en la ejecución de obras públicas.
Nuevos operativos
De otro lado, el contralor general anunció que en el mes octubre se iniciará un operativo de supervisión a los organismos reguladores, supervisores y fiscalizadores del Estado, como Osinergmin, Sunass, Osce, así como la Autoridad del Transporte Urbano (ATU), Indecopi, OEFA, Osce, Osiptel, Ositrán, Sunafil, Sunarp, Sunass, Susalud, Sutran, Superintendencia del Mercado de Valores y la SBS.
Este operativo responde a los reclamos y denuncias recibidas de ciudadanos que se han sentido desprotegidos frente a presuntos abusos por parte de empresas que brindan servicios públicos durante la pandemia.
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