La Contraloría General de la República ha confirmado irregularidades en la compra de 10 mil fusiles ARAD 7 para el Ejército del Perú. El contrato, suscrito durante el mandato de César Briceño Valdivia como presidente del directorio, actual Comandante General, ha levantado polémica por diversas faltas detectadas en el proceso.
El informe resalta que la planta de ensamblaje de fusiles no está completamente acondicionada ni implementada, afectando de manera directa las pruebas de funcionamiento y ensamblaje. La falta de entrega de dispositivos esenciales, como los de reglaje, llenado de cargadores y prueba de velocidad de disparo, dentro del plazo establecido en el contrato, ha sido señalada como una seria deficiencia.
Adicionalmente, el informe detalla que las 10 estaciones de la línea de ensamblaje carecen de dispositivos de reglaje, y el llenado de municiones se realiza manualmente debido a la ausencia de dispositivos de llenado de cargadores. Esta situación impacta negativamente en la eficiencia y seguridad de las pruebas y ensamblajes.
Compra de fusiles
Según el Informe N° 1008-2024-CG/SIE-SCC también destaca la inadecuada utilización del espacio asignado para el almacenamiento de productos terminados. A pesar de contar con un área de 78 metros cuadrados designada en el contrato, se está utilizando un almacén más pequeño de 25 metros cuadrados, afectando la custodia adecuada de los fusiles.
Este informe ha generado un debate tanto en el ámbito legislativo como entre especialistas, quienes cuestionan la gestión y supervisión de la adquisición de equipamiento militar. La situación podría tener repercusiones significativas en el ámbito militar y político del país.
La Contraloría ha alertado sobre la adquisición de 10 mil fusiles, con un costo de más de 90 mil millones, de los cuales solo se han ensamblado 100. Según el FAME, las armas están temporalmente almacenadas en un lugar no designado por razones de seguridad, ya que la instalación adecuada carece de cámaras de vigilancia, en proceso de adquisición. La situación plantea interrogantes sobre la gestión y seguridad en el uso de recursos públicos.
La contraloría ha remitido el informe al comandante general del Ejército, César Briceño Valdivia, instándolo a tomar las medidas necesarias para corregir esta discrepancia en la garantía, ajustándola a los parámetros técnicos establecidos por la propia institución castrense.
